La Asamblea Legislativa tuvo la oportunidad de investigar las alegaciones de irregularidades que estaban ocurriendo en la Corporación de Cine de Puerto Rico (CCPR) pero ninguna de las dos resoluciones presentadas a esos efectos prosperaron.

De acuerdo a los relatos confidenciales ofrecidos al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el nepotismo y las rencillas entre los dos bandos del Partido Nuevo Progresista (PNP), además de los intereses propios de quienes se beneficiaban de las cuestionadas gestiones de la CCPR, se activaron para detener las investigaciones.

Una de las veces que se pudo haber investigado a la Corporación de Cine, la resolución fue a parar a una comisión que presidía la ex representante Iris Myriam Ruiz cuyo hijo, Luis Ruiz Ruiz, es uno de los productores locales que más se ha beneficiado de fondos públicos para sus proyectos. Mientras Ruiz Ruiz recibe millones otros proyectos reciben poco o nada. Ruiz Ruiz, de la compañía productora Pimienta Films,  ha negado favoritismo y achacó esta situación a que trabaja de forma profesional.

Un allegado de la oficina de la entonces senadora Norma Burgos aseguró al CPI que en 2006, estando el PNP en mayoría en la Legislatura,  trabajó la Resolución del Senado 2400 que solicitaba una abarcadora investigación sobre los gastos de representación incurridos por la dirección de la CCPR, las exenciones contributivas otorgadas por  la Corporación bajo la ley para el desarrollo de la industria fílmica (Ley 362 de 1999), para determinar los beneficios obtenidos en la industria cinematográfica local y además conocer el resultado de la utilización del Fondo para el Financiamiento de Producciones Cinematográficas (Ley 121 de 2001). Luis Riefkohl, quien ha negado cualquier vinculación con irregularidades, era el director ejecutivo de la CCPR para esa fecha.

La resolución en cuestión se refirió a la Comisión de Reglas y Calendarios, que presidía el hoy convicto senador penepé, Jorge de Castro Font. Según supo el CPI, la lucha interna entre los “rossellistas” y los “auténticos” del PNP, evitó que la resolución fuera puesta en calendario toda vez que era de la autoría de Burgos, quien pertenecía al bando contrario de De Castro Font.

Tras malograrse el asunto en el Senado, el funcionario de la oficina de Burgos le  solicitó a un colega que trabajaba para la representante Jennifer González, que presentara una resolución similar en la Cámara. La resolución fue presentada  por la propia González y fue referida a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones, que presidía José Chico.

La Resolución de la Cámara 5650 fue luego referida a la Comisión para el Fomento de las Artes y la Cultura, que para entonces presidía la actual Ombusdman o Procuradora del ciudadano, Iris Myriam Ruiz. La investigación nunca se hizo.

Mientras esto ocurría en el Capitolio, Riefkhol pregonaba tranquilo que era intocable. Según una fuente vinculada al mundo de los productores de cine del País, se escuchó a Riefkohl decir en varias actividades sociales que los señalamientos hechos en su contra o sobre las operaciones de la CCPR, que dirigió de marzo de 2005 a febrero de 2009, a él no le preocupaban “porqueél iba a enviar a Hiram Vázquez Botet, (conocido como el ‘contable de los cineastas’) para que hablara con la senadora Norma Burgos y detuvieran la investigación en su contra”.

La fuente allegada a la oficina de Burgos aseguró al CPI que en la reunión entre la senadora y Vázquez Botet, éste le expresó “lo innecesaria que era esa resolución ya que todo estaba bien en la Corporación de Cine”. Vázquez Botet además, se ofreció para aclarar cualquier duda que se tuviera sobre lo que ocurría en la CCPR.

El propio Luis Riefkohl, ex director ejecutivo dela Corporación de Cine hizo cabildeó en contra de la investigación que lo involucraba directamente a él. “Fui a hablar con Jennifer González para decirle, ‘mira a ver si aquí hace falta una vista pública’ y todos, Norma Burgos, Chico, Jennifer González, viraron para atrás a decirme que no había nada”, dijo el ex funcionario al CPI.

Otras fuentes aseguraron al CPI que para las mismas fechas, el productor Ruiz Ruiz, visitó seguidamente varias oficinas en el Senado, incluyendo la Oficina del Presidente sin cita previa.

En dos ocasiones distintas tres productores que hablaron con condición de anonimato, dijeron haber escucharon a Riefkohl decir, tanto en el Festival de Cannes de 2008, como en un coctel en el Ateneo, que le iba a pedir a Ruiz Ruizque hablara con su madre para que  detuviera las investigaciones que se habían solicitado en su contra.

En noviembre de 2009 la Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (APCA) solicitó investigaciones sobre “posibles manejos inadecuados de los fondos asignados a las producciones de cine” a la Oficina de Ética Gubernamental, al Departamento de Justicia y a la Presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González. Ésta última dijo que presentaría una resolución para investigar, pero la investigación nunca se concretó.

Cuando miembros de APCA solicitaron a la CCPR información para las investigaciones que estaban solicitando, la entonces directora de la Corporación,  Mariella Pérez Serrano, dijo estar al tanto de los reclamos y que sabía que se habían hecho referidos al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental.

El CPI supo que las instrucciones en la sombrilla del DDEC, bajo la cual está la Corporación de cine, cambiaron tras conocerse de las investigaciones en curso. Mediante una carta circular emitida por la secretaría del DDEC se les habría solicitado a todos los directores de departamento que cualquier tipo de comunicaciones y peticiones de Justicia y Ética debían canalizarse a través del secretario, José Pérez Riera.

Riefkhol y el Contralor

En 2007 y 2009 la Oficina del Contralor emitió dos informes sobre las ejecutorias de Riefkhol como presidente de la CCPR. Los documentos señalan desembolsos de fondos públicos contrarios a la Ley 121, incongruencias en la fecha de juramentación de su cargo, así como una serie de gastos no justificados en viajes, estadías y comidas.

Según Riefkohl, a quien nunca se le ha imputado nada oficialmente y que insiste en que todo ha sido una persecución, la responsabilidad en torno a la fecha de juramentación falsa fue del notario que lo certificó “porque lo guardó en su gaveta y cuando se dio cuenta le cambió la fecha”.

Sobre los gastos no justificados, Riefkohl se defendió explicando que el dinero se utilizó en talleres a cineastas, en agasajos a personas relacionadas a la industria que vendrían a invertir en la Isla. “Eso [de los señalamientos] fue un jueguito político, en los últimos cuatro años me estuvieron auditando y no sacaban nada”, observó.

En el documento en su contra también hay fallas en las enmiendas al Reglamento para la Administración y Funcionamiento del Fondo Cinematográfico contrarias a la Ley. 121. Tampoco hay descripciones de deberes y se señalan deficiencias relacionadas con la administración del personal de la Corporación.

Aunque Riefkohl restituyó parte del dinero que se le señaló mal utilizó, nunca fue procesado ni multado por ninguno de los señalamientos.

El subcontralor Nathanael Arroyo Cruz señaló en el informe de marzo 2009 que Pérez Riera compartía “responsabilidad fiduciaria” por algunos de estos señalamientos, pues su función era velar porque no ocurrieran  las alegadas irregularidades.

A Riefkhol también se le cuestionó insistir en conseguir una dispensa de la Oficina de Ética Gubernamental para poder contratar a Adrián Muñiz Mariani para supervisar el proyecto de la Filmoteca Nacional y como consultor para un estudio de viabilidad para la creación de un currículo universitario de animación y del establecimiento de un estudio profesional de animación cinematográfica en la Isla.

Muñiz Mariani estaba casado con Agnes Crespo, asesora legal del DDEC, y quien en varias ocasiones fue designada por el entonces secretario del DDEC, Ricardo Rivera Cardona, como la representante de Fomento Económico en la Junta de Directores de la CCPR.

De hecho, existe una carta con fecha de 28 de febrero de 2007 dirigida a Crespo en la que se le solicita a ella (como directora de la Junta de Directores de la CCPR) la asignación económica para capacitación de talento local fuera de Puerto Rico.

Riefkohl solicitó  tres veces la dispensa para la contratación de Muñiz Mariani explicando el vínculo entre la licenciada y el contratista.

La última y tercera vez que se presentó la solicitud de dispensa, el 28 de junio de 2007, Ética determinó que la Corporación de Cine es una agencia independiente del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio aunque está bajo esa sombrilla y está adscrita a esa dependencia gubernamental. La subdirectora de Ética entonces, Gladys Malpica, le dio el visto bueno a la contratación de Muñiz Mariani eximiendo a la CCPR de una dispensa para tal contratación.

Esta nota fue actualizada después de ser publicada por primera vez para integrar nueva información sobre la dispensa otorgada a Muñiz Mariani.

Durante el año fiscal en curso, que coincide con un año electoral, y esta vez de transición, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó, hasta enero pasado, sólo cuatro querellas contra igual número de funcionarios.

Las operaciones revelaron además, un patrón de atraso de hasta tres meses desde la fecha de radicación de las querellas a la publicación de las mismas en el portal cibernético de la agencia. Igual patrón se observó en el número de resoluciones emitidas.

Zulma Rosario, directora ejecutiva de la OEG, atribuyó la poca productividad a la escasez de empleados, la sobrecarga de trabajo durante el año electoral y al receso navideño.

Hasta el 18 de enero de 2013, el Centro de Periodismo Investigativo encontró que se habían radicado sólo cuatro querellas. Curiosamente, cinco días después, aparecieron otras 19, 15 de ellas “nuevas” radicadas entre el 11 de octubre y el 21 de diciembre de 2012.

Al examinar el patrón de radicación de querellas durante el cuatrienio pasado, se observa un alto número de radicaciones durante el primer año, una reducción dramática para el segundo, un leve aumento para el tercero y una merma de menos de la mitad para el cuarto año.

Esta tabla ilustra las radicaciones de querellas para los últimos cinco años:

Al examinar las resoluciones expedidas por la OEG, entiéndase las querellas que han sido adjudicadas, se observa un aumento de casi el doble entre los primeros dos años, una drástica reducción en el tercero, una merma de más de la mitad en el cuarto y una producción casi nula en el presente año fiscal.

A continuación la tabla que ilustra esto:

Las tablas publicadas por la OEG en su portal reflejan que se han presentado 3,096 querellas desde 1990, de las cuales se han resuelto 3,069 y ha impuesto $2, 328,007.48 en multas.

Al comparar las querellas presentadas en el cuatrienio entre 2005 y 2009 y el subsiguiente, se observa una reducción dramática. Mientras, al comparar las querellas resueltas entre uno y otro cuatrienio, se observa una reducción significativa, aunque la cuantía de las multas se mantiene prácticamente igual.

Las siguientes tablas ilustran estos datos:

Desde la entrevista con Rosario, no se ha publicado ninguna resolución nueva en el portal cibernético de la OEG, pero se han publicado otras seis querellas nuevas.

Directora Ejecutiva explica

Rosario destacó que los mismos cinco empleados que dan apoyo a los auditores para el cotejo de los informes financieros de los empleados públicos, también son quienes actualizan periódicamente el portal cibernético de la OEG.

Este pasado año, la OEG ofreció adiestramientos de todo un día y certificó a la Comisión Estatal de Elecciones los 3,000 candidatos de los seis partidos políticos que participaron en las elecciones pasadas.

Los adiestramientos fueron ofrecidos en 13 sesiones entre junio y septiembre. Esto, aseguró la funcionaria, se sumó a las 20 horas de adiestramiento que deben tomar regularmente los más de 200,000 empleados públicos y que ofrece la OEG.

Según la funcionaria, cuando llegó a Ética en 2009, algunos de los oficiales jurídicos y abogados encargados de las investigaciones y radicación de querellas, se limitaban a imponer multar a los funcionarios públicos que no cumplían con la radicación de sus informes financieros. Aseguró que cambió la manera de operar de la agencia buscando más rigor y eficiencia.

En cuanto a la dilación en la radicación de querellas y resolución de las mismas, Rosario atribuyó la situación al proceso de descubrimiento de prueba y otros factores. Enfatizó que los propios querellados incurren en prácticas dilatorias, incluyendo la radicación de recursos ante los tribunales.

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El término de la radicación de las querellas presentadas ante la Oficina de Ética Gubernamental durante el primer semestre del presente año fiscal, fluctúa entre los cinco meses y ocho años, a partir de la fecha de la ocurrencia de los actos imputados a los funcionarios públicos y la petición para la imposición de sanciones.

Varios alcaldes señalados

Entre los querellados, se destacan los que fungían para la fecha de los hechos como alcaldes de Cidra, Ángel L. “Wiso” Malavé Zayas; Sabana Grande, Miguel G. Ortiz Vélez; Vega Baja,  Edgar A. Santana Rivera; y el sucesor de éste, Iván Hernández González.

Wiso Malavé Zayas, más gavilán que paloma sabanera

Fue alcalde de Cidra desde enero de 2008 hasta marzo de 2012, y enfrenta una querella desde octubre pasado que le imputa diez violaciones bajo la jurisdicción de la OEG, que incluyen ordenar a empleados del Municipio hacer gestiones político-partidistas en horas laborables.

Entre estas gestiones, figuran utilizar equipos electrónicos del Ayuntamiento para reproducir papeletas para las primarias del Partido Nuevo Progresista del domingo 9 de marzo de 2008, identificar y reclutar funcionarios de colegios electorales para dicha colectividad, preparar certificados de agradecimiento para éstos, los cuales fueron entregados en una actividad el 17 de mayo del referido año y preparar promociones de respaldo a la candidatura de “Wiso Malavé” y etiquetas con la frase “Malavé 2008” usando empleadas, impresoras, fotocopiadoras, computadoras, papel, etiquetas y tinta de los equipos electrónicos del Municipio.

Además, se le imputa a Malavé Zayas haber hostigado sexualmente a tres empleadas del Municipio, todo esto en violación a la política pública que él mismo aprobó el 28 de mayo de 1999.

Cada una de las violaciones imputadas conlleva multas de hasta $20,000 y la restitución de hasta tres veces el valor del beneficio obtenido.

Melao, melao; dos alcaldes sucesivos caen como moscas

Santana Rivera, quien fue alcalde de Vega Baja entre enero de 2005 y noviembre de 2011, y fue convicto en diciembre de 2011 en 18 cargos de soborno, enfrenta una querella con dos violaciones.

El sucesor de Santana Rivera, Hernández González, tardó apenas 14 meses en incurrir en conductas que le valieron una querella que le imputa cuatro violaciones a leyes bajo la jurisdicción de la OEG.

Hernández González juramentó al cargo en diciembre de 2011 y la OEG le imputa exigirle a empleados del Municipio de Vega Baja que participaran de las actividades político-partidistas del PNP y haber convocado a una reunión de los empleados de confianza el 27 de febrero de 2012 en la cual los amenazó de graves consecuencias si no participaban y aportaban a las actividades del PNP.

Por estos mismos hechos, enfrenta una querella con tres violaciones

Iris Z. Soto Barrios, Oficinista III del Municipio de Vega Baja, comenzó en un puesto transitorio en febrero de 2005 y se convirtió en empleada regular en septiembre de 2012. La querella menciona que Hernández González delegó en enero de 2012 en Soto Barrios para que recogiera la cuota del partido y ésta comenzó a cobrarla en febrero de 2012 en horas laborables y en las instalaciones del Gobierno Municipal.

El sur también delinque

Ortiz Vélez, del Partido Popular Democrático, es alcalde de Sabana Grande desde enero de 1993 y enfrenta una querella radicada en diciembre pasado que le imputa siete violaciones.

Según la querella, el Municipio de Sabana Grande era el dueño y administrador del Hospital Municipal Bernice Guerra y el primero de marzo de 2007 se hizo cargo del laboratorio clínico de la Sala de Emergencias de dicha instalación.

Ortiz Vélez obvió solicitar una dispensa de la OEG para contratar a su prima hermana Karen L. Ortiz Ortiz como tecnóloga médica durante cuatro meses a partir del 27 de febrero de 2007.

Durante la vigencia del contrato inicial, la OEG le otorgó la dispensa el 30 de mayo de 2007 y apercibió al Alcalde que tenía que inhibirse por escrito en todo lo relacionado a la contratación de su prima y abstenerse de pasar juicio, recomendar o tomar decisiones al respecto, debía delegar en una persona con autoridad plena todo lo relacionado a la contratación de Ortiz Ortiz, notificar por escrito a todas las partes involucradas la advertencia de la OEG y abstenerse de participar en reuniones donde se atendiera el asunto.

Aunque la OEG autorizó siete dispensas diferentes para Ortiz Ortiz, en todas apercibió a Ortiz Vélez de las medidas cautelares que debía adoptar. Sin embargo, Ortiz Vélez firmó como funcionario contratante autorizado todos los contratos de Ortiz Ortiz, en desacato a las condiciones de la dispensa.

La querella pendiente contra Ortiz Vélez menciona que el alcalde usó sus facultades como tal para obtener fondos públicos para un miembro de su unidad familiar y nombrar a un trabajo a un pariente dentro del cuarto grado de consanguineidad o segundo grado por afinidad.

Otros funcionarios se aprovechan de sus cargos

Orlando I. Aldebol Borrero, empleado de  la Corporación del Fondo de Seguro del Estado le ordenó a un subalterno que con un vehículo de la corporación pública recogiera, durante horas laborables, un tope de cocina que era para uso personal. Contra el funcionario penden cinco violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Por su parte, Grace M. Díaz Pastrana, quien ocupó el puesto de confianza de Directora de la Oficina de Desarrollo Organizacional y Capital Humano de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico entre enero de 2009 y marzo de 2012, enfrenta una querella con tres violaciones.

Entre los alegatos contra Díaz Pastrana figura haber conseguido que el Contralor de la CFI le entregara el cheque de liquidación de exceso de vacaciones regulares y por enfermedad correspondiente a enero de 2012 de otra empleada de la agencia, cuyo compañero sentimental se había retrasado en entregarle unos gabinetes de cocina. Díaz Pastrana presionó -según la querella- a la empleada de la CFI para que endosara el cheque y la primera poder así recobrar el adelanto que le había pagado al ebanista.

Práxedes Navedo Rosado trabajó en la ahora extinta Administración de Derecho al Trabajo adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos entre junio de 1997 y mayo de 2012, cuando fue destituida. En enero de 2009, fue designada al puesto de confianza de Directora de Recursos Humanos de la ADT.

En agosto de 2004, la agencia promulgó unas normas que concedían aumentos salariales para los empleados gerenciales y de confianza correspondientes al año anterior para aquellos que hubieran usado menos de 30 días laborables de licencia.

Navedo Rosado, era especialista de Recursos Humanos y para dicho periodo se había ausentado 52 días, seis horas y 40 minutos, por lo que estaba excluida del aumento salarial concedido a sus pares.

Inconforme, solicitó infructuosamente una revisión ante la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH) en enero de 2005 y la cual fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en septiembre de 2007.

Más aún, mientras ella era Directora de Recursos Humanos de la ADT, en septiembre de 2009, solicitó una opinión de la entonces Oficina de Recursos Humanos del ELA  (ORHELA). El Director le advirtió que carecía de información suficiente para llegar a una conclusión sobre la legalidad de la excepción y le apercibió que la Ley 7 le prohibía a la ADT cambiar las normas durante su vigencia. Empero, Navedo Rosado logró, en febrero de 2010, que el Administrador de la ADT enmendara las normas retroactivamente y ella firmó el cambio como directora de Recursos Humanos para beneficiarse económicamente al eliminar la referida exclusión.

Cae inspector de la AEE por hurto de luz

Pedro LaTorre Pérez, quien comenzó a trabajar en la Autoridad de Energía Eléctrica en diciembre de 2004 como Auxiliar de Ingeniería y se convirtió en Inspector General del Sistema de Distribución Eléctrica I en noviembre de 2009, enfrenta una querella que le imputa doce violaciones.

Según la querella, en noviembre de 2009, un investigador de Irregularidades de Consumo de Energía Eléctrica de la AEE investigaba confidencias sobre el posible hurto de electricidad en los Solares Paseos Las Nubes del sector Pérez del Municipio de Aguas Buenas cuando encontró una estructura con una base de tres contadores conectados directamente a unos cables de puente eléctrico (“jumpers”).

El propietario de la estructura le indicó al investigador que hacía dos semanas, LaTorre Pérez le había ayudado a instalar los “jumpers”, por lo que el investigador se dirigió a la residencia del Inspector General,  donde halló una base de contador sencilla con “jumpers” para hurtar energía eléctrica para la vivienda.

La OEG le imputa a LaTorre Pérez “en clara violación de las Reglas de Conducta… del Manual Administrativo de la Autoridad de Energía Eléctrica… se aprovechó de su preparación académica en electricidad… y del conocimiento obtenido como parte de su posición” para cometer los actos.

Cogen a varios por el uso de computadoras

Otro empleado de la AEE en aprietos es Pedro Almedina Marrero, quien ha ocupado varios puestos en la corporación pública desde diciembre de 2001 al presente. Según la querella de la OEG, que consta de cuatro violaciones, Almedina Marrero utilizó la computadora de la AEE para guardar fotografías, presentaciones, documentos y vídeos ajenos a los asuntos oficiales de su empleo.

Ivette Ortiz Rosario, oficinista de Recursos Humanos del Head Start del Municipio de San Sebastián desde mayo de 1994 a junio de 2011, tenía a su cargo todo lo relacionado al plan de retiro 401K de los empleados del programa. Ortiz Rosario enfrenta cuatro violaciones por haber certificado, a sabiendas de que era falso, que varios empleados habían renunciado a sus puestos para que pudieran solicitar la liquidación del plan de pensiones en los años 2008 y 2009.

Francisco Quesada Colón, quien trabaja para el Departamento de Transportación y Obras Públicas desde enero de 1985 y desde enero de 1987 como Fiscal Auxiliar II de la Oficina de Presupuesto y Finanzas de la agencia, enfrenta seis violaciones por acceder páginas de Internet ajenas a su función pública, incluyendo portales de alto contenido sexual. Dichos accesos fueron en nueve días de agosto de 2010 y 14 fechas de octubre de 2010.

Por su parte, el sargento de la Policía Municipal de Guaynabo Luis Rafael Freytes Pantojas, quien trabaja allí desde marzo de 2005, enfrenta cuatro violaciones por utilizar seis programas de computadora para evitar dejar rastros de acceso a páginas de la Internet ajenas a su función con la computadora portátil oficial que tenía asignada.

Mientras, Víctor A. Martínez Ruíz, empleado del Instituto de Cultura de Puerto Rico desde noviembre de 1997 y quien se desempeña desde hace tres años como Coordinador de Actividades Culturales II del Museo Ruinas de Caparra, enfrenta una querella con tres violaciones por haber promovido en horas laborables en febrero y marzo pasado los intereses electorales del Movimiento Unión Soberanista en las instalaciones en que trabaja.

La querella le imputa haber utilizado la computadora e impresora del Museo para imprimir documentos relacionados al MUS.

Otras cuatro querellas contra igual número de empleados le imputan a éstos violaciones a la ley por nunca haber rendido sus informes financieros al momento de ser reclutados o haber abandonado sus cargos de confianza en el Gobierno, a pesar de que ya cumplieron con el pago de las multas correspondientes y la medida es para obligarlos a cumplir con la radicación del documento económico.

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Mientras se discute un aumento en la tarifa de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la corporación pública confirma que tiene deudas por cobrar que ascienden a más de $444 millones de los cuales, dice, un 56% es muy difícil que pueda recobrar por ser deudas inactivas. El aumento se propone para, en parte, enfrentar en o antes del verano un déficit de $350 millones de la AAA.

Por otro lado, la AAA tiene deudas que superan los $5,000 millones, que incluyen $142 millones que deben todavía del Acueducto del norte conocido como “supertubo” de la administración de Pedro Rosselló, según información ofrecida por la AAA al Centro de Periodismo Investigativo.

El 56% ó $249.943,547 de las deudas por cobrar corresponde a cuentas inactivas que, según se informa, son las que pueden o no tener un contador, pero no pagan el servicio y lo utilizan o no; o que dieron de baja el servicio y no pagaron la deuda. Otro problema histórico de la corporación pública es que el 60% del agua que pone en las tuberías no se cobra ya sea porque se pierde en salideros, se la roban los usuarios o por facturación defectuosa.

Parte de los acuerdos con los bonistas establecen que la corporación pública cada año debería aumentar su tarifa en hasta 4%. Esto no ha ocurrido y provoca en parte el déficit actual de $350 millones, según la AAA.

Los deudores de la AAA son el gobierno central, el federal, los abonados residenciales, los de residenciales públicos, los comercios, las industrias, las organizaciones sin fines de lucro y los municipios. De las cuentas activas, la deuda mayor, $113.225,008 millones, corresponde a abonados residenciales.  Los abonados de residenciales públicos adeudan $50.870,550 millones. En el renglón de las cuentas comerciales la deuda asciende a $24.999,461; las industrias, $3.972,398, y las organizaciones sin fines de lucro, $72,698.

Los sistemas de irrigación en caso de incendio, que se colocan en los techos de las residencias o negocios, y que la AAA cobra mediante tarifa fija por su uso limitado, representan una deuda de más de $1.4 millones.

Lo que debe el gobierno

Entre las deudas por cobrar a los municipios, la AAA no ha podido recobrar $8 millones que le adeuda el Centro Médico de Mayagüez. Esa deuda se mantiene en pleito en los tribunales toda vez que el ayuntamiento la heredó de la empresa privada que administraba el centro hospitalario antes de que el gobierno municipal se hiciera cargo del mismo.

Además, hay otros $30 millones que los municipios le adeudan a la AAA.

El más que debe es San Juan con una deuda de $7.267,000; Ponce, $4.829,641 (tiene un plan de pago para $3.845,036 de la deuda) y Cataño, $2.257,956. A estos se unen Toa Baja, Arecibo, Patillas, Yauco, Juncos y Barceloneta como los municipios que más deben, superando los $700,000 cada uno.

El Departamento de Educación adeuda más de $3.4 millones, mientras la Administración de Instituciones Juveniles, con menos contadores, debe $3.943,478; el Departamento de Salud, $1.489,567; el Departamento de Corrección y Rehabilitación, $448,544 y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, $438,166, entre los que más deben.

El Centro de Periodismo Investigativo supo que la Administración de Servicios Médicos (el Centro Médico en Río Piedras) adeuda $6.997,339, en parte porque nunca corrigieron salideros que afectaban sus facturas a pesar de que el mantenimiento no le corresponde a la AAA por un acuerdo existente.

La Autoridad de los Puertos adeuda $5.070,534.27. Gran parte de esta deuda corresponde a gastos incurridos al suplir servicios a barcos cruceros y de carga que atracan en la Isla.

La Autoridad de Transporte Marítimo debe $1.3 millones; la Corporación de Servicios Médicos Universitarios, que maneja el Hospital Universitario en Carolina, $1.3 millones; Vivienda Pública, $1.2 millones, igual que la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otras.

Entre las corporaciones públicas adeudan más de $21 millones a la AAA.

Los federales también deben

Las autoridades federales no son la excepción pues su deuda supera el millón y medio de dólares. De los $1.666,228 que debe el gobierno federal, $258,978 corresponden a una cuenta inactiva identificada como US Naval Security Group. Las Fuerzas Armadas adeudan $756,720; la Administración de Veteranos, $158,127; Servicios Generales, $117,653 y la Naval Computer and Telecommunications Station, $108,481.

Deudas de Agencias con La AAA

Desde su fundación en 2001, la Corporación de Cine de Puerto Rico (CCPR) ha estado rodeada de controversia y cuestionamientos en el manejo de los fondos públicos que deberían ser dirigidos al desarrollo de una industria cinematográfica puertorriqueña sólida y estable.

Productores y cineastas consultados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) coinciden en que la política partidista durante los pasados 12 años ha sido factor determinante en la toma de decisiones en esa corporación pública. Las turbulencias operativas de la CCPR son indistintas a la administración de turno que la maneje. En la Corporación de Cine parece que la corrupción no tiene color.

La situación ha llegado a niveles alarmantes, según denuncias hechas por la Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (APCA). Se alega que millones de dólares han sido repartidos entre un pequeño grupo de favorecidos sólo por sus conexiones políticas.

Sólo en los últimos cuatro años se habla de que la industria de cine “movió” $147 millones en la Isla, pero nadie, en su sano juicio, puede decir que ese dinero se ha traducido en la creación de una industria cinematográfica local robusta.

La Corporación de Cine se creó con la Ley 121 de 2001, la Ley para el Desarrollo de la Industria Fílmica en Puerto Rico, que proveyó  nuevas alternativas de financiamiento, con especial atención a los proyectos concebidos y desarrollados por cineastas puertorriqueños. La Ley 121 debió fomentar la actividad cinematográfica, con especial atención a las necesidades locales.

Ley 27

En marzo de 2011 se creó la Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico, la Ley 27. El interés de productores, abogados y contables más influyentes en la industria local, quienes conceptualizaron el nuevo estatuto, principalmente favorecedor del cine extranjero, era hacer “más competitivo y atractivo” al país como destino fílmico.

Muchos de los productores de APCA cuestionaron la Ley 27 desde su creación, aunque su desacuerdo no era categórico pues entendían que algunos de los preceptos de la ley, como mantener el equipo de técnicos trabajando debido a la actividad de producciones extranjeras, podían ser beneficiosos.

Sin embargo, la Ley 27 recibió una estocada el pasado 17 de diciembre cuando el Senado aprobóen un parpadeo el proyecto del Senado 2742, que enmienda dicha ley y extiende el alcance de los incentivos económicos a los técnicos extranjeros no residentes en Puerto Rico.

La ahora Ley 304, de la autoría del ex presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, fue aprobada en ambas cámaras y firmada por el gobernador Luis Fortuño el 21 de diciembre de 2012. Casi inmediatamente, tras su aprobación, buena parte de quienes originalmente la favorecieron se retractaron. Aludieron a posibles “laceraciones en la industria” o “aspectos muy técnicos que debían consultarse antes” o “dejar las riendas sueltas a que otros traigan a sus técnicos”, de afuera entre otras advertencias.

Los cambios hechos con “la 27” continúan recibiendo numerosas críticas por gran parte de los gerentes de producción, cineastas y productores del patio, nivelando las aguas que separan a unos de otros. El bienestar de los trabajadores técnicos y las decisiones que se toman en el campo sobre las contrataciones de trabajadores puertorriqueños y de la industria cinematográfica y audiovisual en general se ven amenazadas tal y como se aprobó la ley, aseguran de un lado y de otro.

El pasado 19 de diciembre, la APCA se alzó en “una sola voz” con la consigna “el cine nacional se levanta”. El Archivo Histórico de Puerto Rico, en donde se celebró la actividad, reportó asistencia descrita como “récord” donde se dieron cita figuras relacionadas al oficio desde actores, directores, técnicos, creativos, pero principalmente productores locales que repudiaban a viva voz la situación actual del cine en Puerto Rico.

Esquema de favoritismo según APCA

La Corporación de cine, según APCA, tiene el estigma de ser ineficaz al fiscalizar los intereses de la industria, tanto de los creativos como de los técnicos. APCA, creada hace 15 años, denuncia que se mantiene una tradición o “esquema de favoritismo” e irregularidades en etapas básicas conceptuales, de producción y distribución, y en las concesiones de los fondos de capital de inversión para el cine local. “Más transparencia en los procesos” fue otra consigna que se repitió durante la asamblea.

El pasado 11 de enero el abogado y cinematógrafo Demetrio Fernández Manzano asumió la dirección ejecutiva de la CCPR. Un nombramiento apoyado en su mayoría por los miembros de APCA y otros miembros de la industria de cine.

El CPI supo que Fernández Manzano ya ha recibido varias peticiones de la comunidad cinematográfica para que investigue los “dobles estándares” que se han utilizado en la CCPR para otorgar beneficios del fondo cinematográfico a proyectos locales, asimimo de las subvenciones otorgadas por el Departamento del Trabajo (DT) y otras agencias gubernamentales a algunos productores.

Una mirada aguda al panorama cinematográfico devela un entramado complejo y voluble. A pesar de que sus antiguos directivos reportan cifras llamativas que sobrepasan los $43 millones en el último año para la economía local, y la creación de 19,841 empleos directos e indirectos, las inversiones netas al cine local podrían catalogarse como sucesos episódicos: cuando se logran son moderadamente buenas pero no se sostienen.

Los personajes

La alusión a “personajes” para referir la situación actual del cine puertorriqueño no es una factura gratuita. De acuerdo a la investigación que realiza el Centro de Periodismo Investigativo estos individuos son figuras recurrentes en casi todas las ejecutorias del séptimo arte nacional a través de los últimos años.

Algunos han sido señalados por el Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor, pero se mantienen activos en el circuito de las producciones cinematográficas. Ya sea porque su influencia tiene peso en las altas esferas público- privadas, o porque se han ido coligando entre ellos.

Luis Riefkohl, ex director ejecutivo de la CCPR, que fue obligado a renunciar en el 2009 por alegada malversación de fondos públicos, encabeza el listado de los personajes que se mantienen en “cartelera”. Riefkhol aseguró al CPI que su renuncia fue efectiva dos semanas antes de que se hicieran públicos lo señalamientos en su contra y que nadie lo obligó a renunciar.

En conversación con el CPI, Riefkohl profirió que se está tratando de dañar su reputación. “Hay grupos en mi contra que han estirado el asunto éste de los señalamientos. Lo que me parece bien injusto. Insisten en hacerme ver como un corrupto y me pregunto si eso fuera verdad ¿por qué ninguno de los cuatro Secretarios de Justicia que han habido ha hecho nada?”, cuestionó.

El productor Luillo Ruíz Ruíz, director de la Casa Productora Pimienta, a quien asociados de APCA cuestionan públicamente sus contratos millonarios con el Departamento del Trabajpo (DT) y la CCPR, es otro de los “personajes”. APCA alega que las subvenciones otorgadas por el DT y la CCPR al productor puertorriqueño de las películas Maldeamores, The Caller y In the blood, entre otras, son cuestionables pues no ha habido una evidencia clara, “en blanco y negro”, sobre el proceso de las subvenciones, a pesar de que exempleados de la CCPR y miembros de APCA la han solicitado. Ruíz Ruíz niega las irregularidades en las que se le implica.

Otro personaje es Antonio J. Sifre, ex presidente del Consejo Asesor del Gobernador sobre Cine y Servicios Creativos. Sifre, es además, socio de Production Advisory Services of Puerto Rico (PAS), un consorcio entre la compañía de contabilidad de alto ranking mundial BDO Puerto Rico y la firma legal del propio Sifre (Toro, Colón, Mullet & Sifre, PSC), que “utiliza sus contactos” para financiar, dar consultoría y producir diversas gestiones de la industria del entretenimiento con entidades bancarias de Estados Unidos e internacionales.

Sifre también es avalista de la apertura de la oficina Puerto Rico Production Capital, LLC (PRPC, por sus siglas en inglés: http://www.filmproductioncapital.com/taxincentive.html, una de las principales firmas de financiamiento en la industria fílmica de los Estados Unidos, que ahora tiene oficina en San Juan.

Del análisis de cientos de documentos revisados por el CPI se extrae que las ejecutorias “del abogado de las películas” –como se le conoce a Sifre– estánvinculadas con la transformación de la industria, y que además fue asesor en favor de la controvertible Ley 27.

A Sifre se le hizo un acercamiento para dialogar sobre estos temas pero se negó.

Bajo la dirección de Riefkohl,  la CCPR otorgó a Sifre la promoción del desarrollo de uno de los proyectos más ambiciosos y necesitados del cine local: el Soundstage of Puerto Rico. Registrado por el propio Sifre en el Departamento de Estado en mayo de 2008 (con contrato núm. 2008-000048), por la cantidad de $100 mil dólares.

El CPI intentó a través de la CCPR obtener el estatus actual del desarrollo de la megainfraestructura no obstante no hubo correspondencia a la gestión.

Una fuente que exigió anonimato reveló al CPI que la CCPR realizó un desembolso de $50 mil dólares a Sifre, pero que el desarrollo del proyecto quedó detenido. Con la creación de la infraestructura se espera que se potencien tanto el fomento de cine local como las filmaciones foráneas.

El último personaje de la peña esHiram Vázquez Botet, conocido en el ambiente como “el CPA de las películas”. Hermano de René Vázquez Botet, galeno convicto por su participación en el esquema de fraude y extorsión a los contratistas del Superacueducto, obra emblemática de la administración del ex gobernador Pedro Rosselló.  

Los contratos por consultoria de Vázquez Botet con la CCPR suman más de $2 millones. Llama la atención que el desembolso a Vázquez Botet por los pasados ocho años constituye el 42% ($858,250.00) del total de gastos de contabilidad de la CCPR. El restante $1,187.750.00 ha sido repartido entre 12 firmas de contadores públicos y contables.

Fuentes relacionadas a la CCPR revelaron al CPI que la Corporación de Cine tuvo “como uso y costumbre dejar abiertos los contratos de Vázquez Botet”, con lo cual se dificultó fiscalizar la eficiencia de sus servicios de acuerdo a las necesidades reales de la industria fílmica.

Los contratos con el gobierno relacionados a servicios de consultoría administrativa suelen tener un máximo de horas mensuales. En el caso de Vázquez Botet se dice que facturaba el tope permitido aún cuando no cumplía con la cantidad total de las horas.

Pero Vázquez Botet fue categórico: “eso no es correcto: las auditorias de las películas se hacen con los mismos proyectos. Antes las auditorias eran pagadas por la CCPR, pero ahora son las mismas películas las que pagan. Es un disparate”, sostuvo.

“Y además ese dinero sale de las producciones que se filman o están por filmarse en  Puerto Rico. Ellos pagan licencias del 1% a la Corporación y con ese [sustracto] nos pagaban a nosotros”.

“Supongamos que una película va a invertir $50 millones, pues aproximadamente un .03% del pago del 1% es lo que se me pagaba en un año por esa cantidad certificada”, informó el contador público.

Por último, pero no menos importante, está el personaje José Pérez Riera, ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) a quien se le adjudican numerosas movidas y manejos político partidistas. La Corporación de Cine está adscrita a la sombrilla del DDEC pero, aunque la CCPR cuenta con una direcciónejecutiva, quien tenía la última palabra era Pérez Riera, aseguraron fuentes del CPI cercanas a la Corporación de Cine.

Precisamente, entre lo que se rechaza de la Ley 27 se relaciona con la figura del Secretario del DECC pues toda decisión queda determinada por ese funcionario.

Tras la abrupta y comentada salida de la pasada directora de la Corporación, Mariella Pérez Serrano, Pérez Riera nombró a su asesor legal Carlos Amy como director interino de la agencia a finales de septiembre pasado. El CPI supo a través de varias fuentes relacionadas a la propia Corporación, y de algunos exempleados que prefirieron permanecer en el anonimato, que Amy ha participado desde el génesis conceptual de la Ley 27. También que tuvo que ver con las últimas enmiendas.

De la salida de Pérez Serrano se dijo oficialmente que se debió a la pérdida de confianza, porque alegadamente ésta anunció a destiempo que una película se iba a rodar en la Isla. Sin embargo, fuentes vinculadas a la industria expresaron que este tipo de “metida de pata” ocurre constantemente; que su sustitución fue el resultado de múltiples desavenencias con Pérez Riera.

Aparentemente Pérez Serrano cuestionaba las acciones concertadas sin su consentimiento y cuestionaba a los directivos y asesores del DDECC las ejecutorias y las insistentes solicitudes de dinero por parte de Ruiz Ruiz.

Se trató de conseguir a Pérez Riera para aclarar éste y otros puntos de la investigación pero al cierre de la edición no se había logrado.

En la próxima entrega de esta serie describiremos cómo algunas compañías locales se han beneficiado de manera alegadamente irregular de beneficios ofrecidos por el Departamento del trabajo para crear empleos.

Joel Cintrón Arbasetti colaboró en esta investigación.

*Actualizada para añadir aclaración de Luis Riefkhol ofrecidas al Centro de Periodismo Investigativo después de la publicación original de la historia.

Aerostar Airport Holdings, LLC, empresa que administraría por 40 años el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (LMM), obtuvo el 9 de enero de 2013 una clasificación provisional de (P)Baa3 para $350 millones de sus bonos maduros (senior secured) de parte de la agencia acreditadora Moody´s, la cual le otorgó una perspectiva estable. Estos bonos, según Moody´s, son para cubrir parte de la adquisición del contrato de operación del LMM y estarán asegurados por el interés prioritario de la compañía en el aeropuerto, así como por una hipoteca de su patrimonio y otras cuentas de varios proyectos. En otras palabras, Aerostar tomará prestado usando el valor que tiene el aeropuerto.

No se le adjudicó una clasificación mayor a dichos bonos porque la agencia reconoce que la expectativa del tráfico aéreo está floja, la retante situación económica de la Isla y el bajo crecimiento de los Estados Unidos. No empece a esto, destaca la posición ventajosa del aeropuerto en el mercado, el mayor comercial de Puerto Rico, cercano a la capital de San Juan y falta de competencia cercana.

Otra salida para el Gobierno

Las ganancias del LMM se podrían quedar en Puerto Rico si se separa el aeropuerto de la Autoridad de Puertos y se crea una junta para manejarlo que esté integrada con gente capacitada y con peritaje, sin intervención política, siguiendo el ejemplo de Atlanta, que es el más ocupado del mundo y le pertenece a la ciudad. Sus ganancias se invierten en su propia infraestructura, explicó el puertorriqueño Julio Garriga, quien trabajó 20 años en la Administración Federal de Aviación(FAA por sus siglas en inglés), en especial en el área de planificación y con la infraestructura del aeropuerto internacional LMM.

El aeropuerto de Panamá, destacó por otro lado, hace dinero y pertenece al gobierno, pero tiene una junta que lo maneja.

Con la advertencia de que Puerto Rico fue el que pidió estar en el plan piloto de la FAA, Garriga subrayó que dicha agencia federal ni aprueba ni desaprueba nada. “Ellos endosan o recomiendan… La última palabra la tiene el gobierno de Puerto Rico. Después que la FAA le diga lo endosamos, lo recomendamos, el gobierno puede decidir lo contrario. No es cierto que no puede echar para atrás”.

Como observador del proceso y conocedor de la FAA, Garriga señaló que la agencia federal pidió voluntariamente un estado financiero a la compañía mexicana, que no se le dio. Al mover el plazo de 45 días “le está diciendo a Puerto Rico chequeen esto”, pero la compañía mexicana contrató cabilderos vinculados al partido ahora en el poder tras el cambio al nuevo gobierno.

El 12 de enero de 2013, que era la última fecha para que la FAA endosara o no recomendara el contrato, era la oportunidad que tenía el gobernador Alejandro García Padilla para salirse del negocio sin penalidad. Aún así, “consiguió 45 días más y todavía tiene oportunidad de salirse. Una oportunidad grandísima de salirse”, insistió.

Los ingresos por tarifas

El LMM tiene unos ingresos que se le están cediendo a la compañía privada, en particular la tarifa de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) por pasajero (passenger facilities charge o PFC) y las asignaciones del Congreso de Estados Unidos para las mejoras a través del Airport Improvement Program o AIP.

Además de la cláusula de no competencia, la AP en efecto cedió al privatizador los fondos federales y el cargo de $4.50 por pasajero, que va a un fideicomiso. Ahí se generan como $36 millones anuales, a base de ocho millones de pasajeros por año x 4.5.

La FAA, entre 1993 y 2005, autorizó cargos de $3.00 y $4.50 por pasajero, para un total de $180,182,826, lo que equivale a un promedio anual de $13,860,217, según datos oficiales publicados por la agencia.

Para los 22 años del 2008 al 2030, la FAA aprobó al mismo LMM la tarifa de $4.50/pasajero, para un total de $479,036,578, equivalente a un promedio anual de $21,774,390.

Por otra parte, entre los años 2005 a 2008, el aeropuerto internacional no tuvo asignaciones del programa de estímulo económico, mejor conocido como fondos ARRA, pero del programa de mejoras, o AIP en inglés, recibió un total de $24,426,489 para diferentes proyectos, incluyendo arreglos al sistema eléctrico e iluminación de la pista, extender la pista y adquirir materiales.

La empresa privada que operaría el LMM está haciendo un negocio bien lucrativo con el gobierno de Puerto Rico al adquirir el contrato de operación del único aeropuerto internacional dentro de la jurisdicción de Estados Unidos que sería privatizado; quedándose la Autoridad de los Puertos (AP) para cargar con las operaciones perdidosas de los regionales. Chicago ha iniciado conversaciones para privatizar uno de sus aeropuertos principales.

La experiencia con las privatizaciones o ventas de patrimonio

El gobernador García Padilla ha insistido en que dirigirá sus esfuerzos a que no se aumenten las tarifas por la privatización del aeropuerto, que garantizará la seguridad de sus empleados y buscará la estabilidad económica del país.

Justificaciones y argumentos similares se esbozaron a partir del 1993 para vender la Autoridad de las Navieras de Puerto Rico, prometiendo, en este caso, beneficios económicos que traería la competencia entre empresas marítimas, pero en realidad desembocó prácticamente en un oligopolio en el cual varias compañías fueron convictas por ponerse de acuerdo para fijar ilegalmente las tarifas de las cargas a la Isla, terminando hace pocos meses en multas millonarias por su crimen en el tribunal federal.

Además de las Navieras, también se vendió la Telefónica de Puerto Rico, que ha pasado por varias compañías extranjeras y cuya infraestructura sigue siendo la principal red de la Isla; la Corporación Azucarera, la planta procesadora de piñas de la Autoridad de Tierras, algunas cárceles y los servicios médico-hospitalarios y de salud pública. Antes de eso se usó el modelo de privatización para la construcción del Puente Teodoro Moscoso, cuyo peaje ha seguido aumentando sin intervención pública.

El modelo de Cancún

El aeropuerto internacional de Cancún (CUN), que opera el mismo consorcio que viene aquí, lleva años bajo investigación por ser transbordo del tráfico de drogas de Suramérica hacia Europa. Algunos notorios contrabandos salieron del aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires, también privatizado, donde en el 2009 la policía detuvo a la modelo María Noel López Iglesias cuando pretendía abordar un vuelo con 55 kilos de cocaína.

Medios locales de la península de Yucatán han denunciado que la organización criminal “Los Zetas” controla el CUN.

“Desde hace más de una década, el aeropuerto de este destino turístico ha servido como ′trampolín′ para el trasiego de drogas, dinero y de personas; por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) parece finalmente incluir en sus investigaciones al aeropuerto de Cancún”, según el diario Por Esto! de Quintana Roo.

Como parte de la pesquisa, la Policía Federal mexicana, en julio de 2012 removió 45 efectivos y su comandante del CUN y los trasladó a Ciudad México. Otros 60 policías federales comisionados en Cancún y la Riviera Maya fueron sustituidos por 80 que se hicieron cargo de la vigilancia del aeropuerto y tramos de carreteras de la zona norte de Quintana Roo, de acuerdo a medios locales, coincidiendo con una investigación de la Procuraduría General de la República por el asesinato de tres policías federales en el aeropuerto de la ciudad de México, acribillados por supuestos compañeros de trabajo.

La pesquisa se extiende a otros aeropuertos, pero Cancún se considera “uno de los principales aeropuertos que es utilizado para el trasiego de droga hacia Estados Unidos y Europa” y se ha implicado la complicidad de elementos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Policía Federal Preventiva (PFP), Aduana, aerolíneas y empleados de seguridad privada y de Aeropuertos del Sureste (ASUR). Se dice que quizá desde el 2006 “Los Zetas” asumieron su control, incluyendo el tráfico de indocumentados chinos, cubanos y dominicanos. (Puede leer más detalles sobre esto aquí.)

El principal ejecutivo del consorcio Aerostar, Agustín Arellano, desvinculó a empresa mexicana ASUR de la seguridad del CUN y alegó desconocer las noticias publicadas sobre estos incidentes en su aeropuerto. Dijo a Noticel.com que Aerostar, creada para administrar el aeropuerto LMM, “no es responsable de la seguridad”, pero coordinará lo que competa con las autoridades.

Las informaciones sobre el tráfico ilegal a través de CUN también se encuentran en VisiónPeninsular.com.mex, Arecoa.com, Preferente.com, Noticaribe.com.mx y los diarios Por Esto! de Quintana Roo y Yucatán.

El negocio y sus riesgos

Los críticos de la transacción apuntan a un contrato leonino y una mala idea la privatización del único aeropuerto internacional de la Isla, por donde pasa además el 60% de la carga aérea.

El LMM mueve el 65.4% de la carga aérea que pasa por Puerto Rico y tiene el ranking o posición número 27 en movimiento de carga aérea entre todos los aeropuertos de los Estados Unidos. En movimiento de pasajeros el ranking ha estado entre 40 y 47 en EEUU.

El economista José Antonio Herrero ha reiterado a través de los medios que “esto no es una Alianza Pública Privada (APP) sino un contrato de arrendamiento muy malo para Puerto Rico”, donde el arrendador (la Autoridad de Puertos) ha hecho el “papel de alcahuete”.

“Todo para el arrendatario y nada para el arrendador. Los beneficios los está perdiendo el gobierno de Puerto Rico. Todos los riesgos, excepto uno, los tiene que absorber el gobierno”, dijo en una reciente entrevista en Telemundo.

Herrero niega lo que alega la compañía y el contrato. “Ellos dicen que van a dar $552 millones. Realmente significa $4.75 millones en renta”. Añade que van a pagar un arrendamiento por 40 años, con valor presente de $190 millones, cuyo promedio anual es de $4.75 millones, mientras el aeropuerto genera $65 millones anual.

Además, dicen que van a contribuir 5% o $30 millones adelante y que hay $615 millones, “eso es un embuste completo”, dijo Herrero, porque para que el contrato tenga vigor, el gobierno debe pagar toda la deuda de largo plazo y no tiene los $700 millones.

Los arrendatarios le dicen al gobierno que le van a pagar la emisión de deuda, prosigue Herrero. La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) hace una emisión de deuda de alrededor de $700 millones y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) ahora tiene que emitir dos cartas de crédito, que son la garantía del Estado Libre Asociado.

Como suelen ser estos negocios, al final de los 40 años, cuando se pague el contrato, según el veterano economista, terminarán pagando $500 millones y habrán ganado alrededor de $200 millones. Sin embargo, el aeropuerto tiene un valor presente de $1,500 millones. “Cuando tú tienes ese valor, le restas la renta y la deuda, el gobierno tiene una pérdida de $1,200 millones”, manifestó.

Deterioro intencional

Garriga entiende que es “un error monumental” la privatización y advirtió al Centro de Periodismo Investigativo que aunque en los primeros cinco años del contrato no se puede aumentar nada, no impide que la compañía privada pueda añadir cobros nuevos.

Explicó que hay una sola tarifa federal por aterrizaje (landing fee) que le corresponde a la FAA, pero la otra tarifa que se cobra por cada pasajero se reembolsa para mejorar la infraestructura del aeropuerto. El único requisito es que la Autoridad de Puertos (AP) someta proyectos de mejoras para recibir dichos fondos, pero no lo estaba haciendo, “y por eso lo han abandonado”, indicó Garriga, subrayando que no está afiliado a ninguna empresa y sus opiniones son como puertorriqueño preocupado por su país.

“Personalmente creo que lo abandonan para justificar la privatización… El aeropuerto no tiene pérdidas, tiene ganancias de alrededor de $35 millones netos al año. La AP tiene pérdida con los demás aeropuertos.”

“En Estados Unidos no hay ningún aeropuerto internacional privatizado. Esto fue un plan piloto que hizo la FAA para ver si la privatización trabajaba. Hay privados, pero no son internacionales. San Juan sería el primero”, explicó.

Onerosas experiencias pasadas

Garriga le ve pocas posibilidades a las garantías que se han dado a la luz de la experiencia en México con el mismo operador, Aeropuertos del Sureste o ASUR. En Cancún y Oaxaca llevaron sus propias concesiones de bebidas, perfumes, etc., a través de las cuales también hacen mucho dinero.

“Tan pronto agarraron el aeropuerto de Cancún aumentaron tarifas, impusieron tarifas. El aeropuerto de LMM no tiene capacidad de expansión y lo que le queda es aumentar las tarifas. Le están dando en bandeja de plata un aeropuerto”, opinó en reciente entrevista telefónica con el CPI desde México.

El aeropuerto de Cancún es el más caro de México, más que Benito Juárez, del Distrito Federal y el Ezeiza de Buenos Aires, Argentina, después que lo privatizaron han estado en el tribunal porque los concesionaron no cumplen, dijo Garriga. En Montevideo, Uruguay y el de Bogotá también pasó lo mismo, agregó.

Algo de notar, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo Latinoamericano (IATA) ve a los “aeropuertos como fuentes de recursos fiscales”, según expresó su asamblea anual en el 1996. Opina que el Estado debe asumir los costos de los que no son rentables, pero los contratos en este hemisferio han sido por menos años: En Argentina de 30 años, Colombia por 15 y 20, Costa Rica 20 y Uruguay 25 años.

IATA recomienda que las aerolíneas participen del proceso de privatización para que sean oídas, que “no se repitan los errores cometidos en algunos países”, y se cumplan principios de Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en cuando a cargos a los usuarios.

La OACI discute en sus asambleas el avance de las privatizaciones de aeropuertos y observa, entre otras cosas, los retos y dificultades que existen, aunque las aprueba en principio como mecanismo.

La Asamblea Legislativa tuvo la oportunidad de investigar las alegaciones de irregularidades que estaban ocurriendo en la Corporación de Cine de Puerto Rico (CCPR) pero ninguna de las dos resoluciones presentadas a esos efectos prosperaron.

De acuerdo a los relatos confidenciales ofrecidos al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el nepotismo y las rencillas entre los dos bandos del Partido Nuevo Progresista (PNP), además de los intereses propios de quienes se beneficiaban de las cuestionadas gestiones de la CCPR, se activaron para detener las investigaciones.

Una de las veces que se pudo haber investigado a la Corporación de Cine, la resolución fue a parar a una comisión que presidía la ex representante Iris Myriam Ruiz cuyo hijo, Luis Ruiz Ruiz, es uno de los productores locales que más se ha beneficiado de fondos públicos para sus proyectos. Mientras Ruiz Ruiz recibe millones otros proyectos reciben poco o nada. Ruiz Ruiz, de la compañía productora Pimienta Films,  ha negado favoritismo y achacó esta situación a que trabaja de forma profesional.

Un allegado de la oficina de la entonces senadora Norma Burgos aseguró al CPI que en 2006, estando el PNP en mayoría en la Legislatura,  trabajó la Resolución del Senado 2400 que solicitaba una abarcadora investigación sobre los gastos de representación incurridos por la dirección de la CCPR, las exenciones contributivas otorgadas por  la Corporación bajo la ley para el desarrollo de la industria fílmica (Ley 362 de 1999), para determinar los beneficios obtenidos en la industria cinematográfica local y además conocer el resultado de la utilización del Fondo para el Financiamiento de Producciones Cinematográficas (Ley 121 de 2001). Luis Riefkohl, quien ha negado cualquier vinculación con irregularidades, era el director ejecutivo de la CCPR para esa fecha.

La resolución en cuestión se refirió a la Comisión de Reglas y Calendarios, que presidía el hoy convicto senador penepé, Jorge de Castro Font. Según supo el CPI, la lucha interna entre los “rossellistas” y los “auténticos” del PNP, evitó que la resolución fuera puesta en calendario toda vez que era de la autoría de Burgos, quien pertenecía al bando contrario de De Castro Font.

Tras malograrse el asunto en el Senado, el funcionario de la oficina de Burgos le  solicitó a un colega que trabajaba para la representante Jennifer González, que presentara una resolución similar en la Cámara. La resolución fue presentada  por la propia González y fue referida a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones, que presidía José Chico.

La Resolución de la Cámara 5650 fue luego referida a la Comisión para el Fomento de las Artes y la Cultura, que para entonces presidía la actual Ombusdman o Procuradora del ciudadano, Iris Myriam Ruiz. La investigación nunca se hizo.

Mientras esto ocurría en el Capitolio, Riefkhol pregonaba tranquilo que era intocable. Según una fuente vinculada al mundo de los productores de cine del País, se escuchó a Riefkohl decir en varias actividades sociales que los señalamientos hechos en su contra o sobre las operaciones de la CCPR, que dirigió de marzo de 2005 a febrero de 2009, a él no le preocupaban “porqueél iba a enviar a Hiram Vázquez Botet, (conocido como el ‘contable de los cineastas’) para que hablara con la senadora Norma Burgos y detuvieran la investigación en su contra”.

La fuente allegada a la oficina de Burgos aseguró al CPI que en la reunión entre la senadora y Vázquez Botet, éste le expresó “lo innecesaria que era esa resolución ya que todo estaba bien en la Corporación de Cine”. Vázquez Botet además, se ofreció para aclarar cualquier duda que se tuviera sobre lo que ocurría en la CCPR.

El propio Luis Riefkohl, ex director ejecutivo dela Corporación de Cine hizo cabildeó en contra de la investigación que lo involucraba directamente a él. “Fui a hablar con Jennifer González para decirle, ‘mira a ver si aquí hace falta una vista pública’ y todos, Norma Burgos, Chico, Jennifer González, viraron para atrás a decirme que no había nada”, dijo el ex funcionario al CPI.

Otras fuentes aseguraron al CPI que para las mismas fechas, el productor Ruiz Ruiz, visitó seguidamente varias oficinas en el Senado, incluyendo la Oficina del Presidente sin cita previa.

En dos ocasiones distintas tres productores que hablaron con condición de anonimato, dijeron haber escucharon a Riefkohl decir, tanto en el Festival de Cannes de 2008, como en un coctel en el Ateneo, que le iba a pedir a Ruiz Ruizque hablara con su madre para que  detuviera las investigaciones que se habían solicitado en su contra.

En noviembre de 2009 la Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (APCA) solicitó investigaciones sobre “posibles manejos inadecuados de los fondos asignados a las producciones de cine” a la Oficina de Ética Gubernamental, al Departamento de Justicia y a la Presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González. Ésta última dijo que presentaría una resolución para investigar, pero la investigación nunca se concretó.

Cuando miembros de APCA solicitaron a la CCPR información para las investigaciones que estaban solicitando, la entonces directora de la Corporación,  Mariella Pérez Serrano, dijo estar al tanto de los reclamos y que sabía que se habían hecho referidos al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental.

El CPI supo que las instrucciones en la sombrilla del DDEC, bajo la cual está la Corporación de cine, cambiaron tras conocerse de las investigaciones en curso. Mediante una carta circular emitida por la secretaría del DDEC se les habría solicitado a todos los directores de departamento que cualquier tipo de comunicaciones y peticiones de Justicia y Ética debían canalizarse a través del secretario, José Pérez Riera.

Riefkhol y el Contralor

En 2007 y 2009 la Oficina del Contralor emitió dos informes sobre las ejecutorias de Riefkhol como presidente de la CCPR. Los documentos señalan desembolsos de fondos públicos contrarios a la Ley 121, incongruencias en la fecha de juramentación de su cargo, así como una serie de gastos no justificados en viajes, estadías y comidas.

Según Riefkohl, a quien nunca se le ha imputado nada oficialmente y que insiste en que todo ha sido una persecución, la responsabilidad en torno a la fecha de juramentación falsa fue del notario que lo certificó “porque lo guardó en su gaveta y cuando se dio cuenta le cambió la fecha”.

Sobre los gastos no justificados, Riefkohl se defendió explicando que el dinero se utilizó en talleres a cineastas, en agasajos a personas relacionadas a la industria que vendrían a invertir en la Isla. “Eso [de los señalamientos] fue un jueguito político, en los últimos cuatro años me estuvieron auditando y no sacaban nada”, observó.

En el documento en su contra también hay fallas en las enmiendas al Reglamento para la Administración y Funcionamiento del Fondo Cinematográfico contrarias a la Ley. 121. Tampoco hay descripciones de deberes y se señalan deficiencias relacionadas con la administración del personal de la Corporación.

Aunque Riefkohl restituyó parte del dinero que se le señaló mal utilizó, nunca fue procesado ni multado por ninguno de los señalamientos.

El subcontralor Nathanael Arroyo Cruz señaló en el informe de marzo 2009 que Pérez Riera compartía “responsabilidad fiduciaria” por algunos de estos señalamientos, pues su función era velar porque no ocurrieran  las alegadas irregularidades.

A Riefkhol también se le cuestionó insistir en conseguir una dispensa de la Oficina de Ética Gubernamental para poder contratar a Adrián Muñiz Mariani para supervisar el proyecto de la Filmoteca Nacional y como consultor para un estudio de viabilidad para la creación de un currículo universitario de animación y del establecimiento de un estudio profesional de animación cinematográfica en la Isla.

Muñiz Mariani estaba casado con Agnes Crespo, asesora legal del DDEC, y quien en varias ocasiones fue designada por el entonces secretario del DDEC, Ricardo Rivera Cardona, como la representante de Fomento Económico en la Junta de Directores de la CCPR.

De hecho, existe una carta con fecha de 28 de febrero de 2007 dirigida a Crespo en la que se le solicita a ella (como directora de la Junta de Directores de la CCPR) la asignación económica para capacitación de talento local fuera de Puerto Rico.

Riefkohl solicitó  tres veces la dispensa para la contratación de Muñiz Mariani explicando el vínculo entre la licenciada y el contratista.

La última y tercera vez que se presentó la solicitud de dispensa, el 28 de junio de 2007, Ética determinó que la Corporación de Cine es una agencia independiente del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio aunque está bajo esa sombrilla y está adscrita a esa dependencia gubernamental. La subdirectora de Ética entonces, Gladys Malpica, le dio el visto bueno a la contratación de Muñiz Mariani eximiendo a la CCPR de una dispensa para tal contratación.

Esta nota fue actualizada después de ser publicada por primera vez para integrar nueva información sobre la dispensa otorgada a Muñiz Mariani.

Julián Cruz Berrios está encarcelado hace once años por un crimen que alega que no cometió. El fiscal en su caso fue Francisco Sánchez Rodríguez, a quien el reo y sus abogados de defensa le imputan haber manejado mal su caso. Hoy el ex representante del Ministerio Público fue suspendido de su cargo, según reveló el Departamento de Justicia. Quizás Cruz Berrios ha sonreído con alguna esperanza de que se revise su convicción  y condena como ha solicitado al Tribunal Supremo.

El fiscal Sánchez Rodríguez, también intervino en el caso que no prosperó contra Linda Colón, ex directora del Programa de Comunidades Especiales y el alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo. Ambos funcionarios fueron exonerados por la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independientes que consideró que el informe de Sánchez Rodríguez en el caso de Colón inducía a error.

El informe del FEI indica que “luego de haber examinado en forma objetiva la evidencia recopilada, entendemos que la redacción del informe del Departamento de Justicia puede tener el efecto de tratar de inducir a error al lector, al exponer conclusiones incorrectas”.

En el caso de Cruz Berrios, la defensa alega que Sánchez Rodríguez no presentó en sala información exculpatoria que tenía en su poder. El reo ha solicitado ante el Tribunal Supremo una reconsideración de su convicción y condena.

El año pasado, el Centro de Periodismo Investigativo entrevistó en la cárcel a Cruz Berrios, de 57 años, quien aseguró: “Me ofrecieron una sentencia de tres años de cárcel a cambio de declararme culpable y no la quise. Después, me la bajaron a dos años, y también la rechacé. Yo estaba seguro de mi inocencia y de que lo que se estaba haciendo conmigo era una injusticia”.

Cruz Berrios fue hallado culpable por un Tribunal de Derecho en 2001 de robo y violaciones a la Ley de Armas.

En octubre pasado, Sánchez Rodríguez rechazó los alegatos de mal manejo del caso de Cruz Berrios y cuestionó los argumentos de su caso ante el Tribunal Supremo. También tildó de “interpretación” la decisión del FEI en la fracasada acusación en el caso de Comunidades Especiales.

Sánchez Rodríguez había sido nombrado fiscal auxiliar en el 1998 por el entonces gobernador Pedro Rosselló. Trabajó en las fiscalías de Guayama (2002-2006) y Humacao (2006-2009) antes de ocupar el cargo de Fiscal de Distrito de Ponce a partir del 2009, tras ser designado por el gobernador Luis Fortuño. También trabajó en Carolina y Aibonito.

Sánchez Rodríguez fue el fiscal en el caso de la convicción y sentencia a 105 años de cárcel de Eliezer Márquez Navedo por la violación y el asesinato de la turista estadounidense embarazada Sarah Kuszak ocurrido en Ceiba. También fue el fiscal en el caso conocido como La Masacre de Las Piedras por el que fueron convictos y sentenciados a 208 y 32 años de prisión, respectivamente, los entonces policías Javier Santiago Velázquez y su esposa agente Jesly Ann Márquez Ares.

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Superficialmente parecería la batalla de los letreros. En la ferretería de la esquina ha habido uno por años que lee: “No hay que ser grande para vender barato”. Mientras, en la nueva megatienda Walmart recién inaugurada hay otro enorme, con letras multicolores, que se apropia del área y declara “La Parada Walmart”, marcando el territorio para sí.

El dueño de la ferretería en la esquina de la Fernández Juncos y sus vecinos comerciantes se opusieron durante nueve años al desarrollo de megatiendas en el área santurcina alegando que serían el fin de los pequeños negocios de comunidad.

Pero ya está allí el Walmart, con una imponente estructura que ocupa el bloque desde la calle Figueroa hasta la Roberto H. Todd, en la Parada 18. El edificio tiene seis niveles, cuatro para la tienda y dos para estacionamientos. La estructura se eleva por encima de los edificios circundantes.

Con una inversión de $52 millones y con la alegación de que se crean más de 500 empleos, el gerente general de Walmart Puerto Rico, Jaime Fernández, ha asegurado que la tienda llega a “revitalizar” a Santurce.

Sin embargo, José Caraballo, el administrador de la Ferretería Comercial Caraballo, la de la esquina de la Fernández Juncos, advirtió que “muchos comerciantes están preparados para cerrar”.

“Esto (la apertura del Walmart) ha sido el descaro más grande que ha hecho el Municipio de San Juan con nosotros (los pequeños comerciantes) porque les dieron exención del CRIM mueble (por inventario) y el CRIM inmueble (por el edificio). Aquí el impuesto por el que más yo pago es ése (el inmueble), que son alrededor de $4,000 al año en un negocio pequeño. Entonces ellos, que son el detallista más grande del mundo, cuya producción anual sobrepasa lo que produce Puerto Rico completo, le dan exenciones por 10 años. Uno de los incentivos que le dieron es que le van a pagar la mitad de la nómina. Esto crea competencia desleal porque los estás favoreciendo”, dijo Caraballo, quien además de administrar la ferretería, estudia un doctorado en economía e imparte cursos sobre la materia en The New School y Berkeley College de Nueva York.

No obstante, Bruni Torres, relacionista pública de Walmart, aclaró al Centro de Periodismo Investigativo, que la pasada administración había aprobado unos fondos WIA (Workforce Investment Act), para pagar parte de los sueldos, que finalmente no se utilizaron. Explicó además, que el cambio de gobierno municipal, y el retraso en algunos nombramientos allí, no le han permitido a la empresa comunicarse con la nueva administración de la Capital. Por lo tanto, según Torres, Walmart por lo menos en este momento, está pagando el 100% de la nómina de sus empleados, así como el CRIM y las patentes municipales correspondientes.

Varias empleadas entrevistadas cerca del establecimiento, y quienes dijeron que llevan trabajando en la tienda desde enero, aseguraron que su salario es subsidiado en un 50% por fondos gubernamentales. Las empleadas hablaron bajo condición de anonimato y todas coincidieron en que Walmart sólo paga la mitad de sus salarios mientras que la otra mitad se paga con fondos externos. Éstas, además, dijeron que todos los puestos de cajeras serán a tiempo parcial y que reciben un pago de $7.80 por hora. Dijeron además, que deben cumplir un periodo probatorio de 320 horas en tres meses para lograr la permanencia.

¿Y cómo ha sido la experiencia de empleo?

“Ha sido buena, hay buena dinámica de grupo y hemos aprendido mucho”, dijo una de las empleadas.

La cantidad de empleos creados anunciados por Walmart también fue cuestionada por Caraballo. Según su análisis, la megatienda podría crear empleos, pero si anula igual número de empleos de entre que tienen los comerciantes pequeños, entonces no hay crecimiento.

Con Caraballo coincide el grupo “Wal-Mart Watch”, (http://www.walmartwatch.org) quienes dicen en su página que “Walmart no crea empleos, más bien se apodera de los ya  existentes, bajando el pago y los beneficios, y destruyendo el resto. De acuerdo a un estudio, por cada 100 trabajos que crea Walmart, se destruyen otros 150 en la comunidad”.

Ese estudio también fue citado por José Alameda, profesor de economía de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, en un trabajo titulado “El impacto de las megatiendas en el sector de comercio en Puerto Rico y en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector comercial”.

En su análisis, Alameda explica que “desde 1995, el Supercentro de Walmart, de más de 200,000 pies cuadrados, se ha convertido en una fuerza con la que pocos pueden competir, aun los negocios dentro de la misma categoría”.

“En muchos casos, la localización de una megatienda, lleva a otra de la misma categoría a localizarse relativamente cerca formando centros regionales de ventas al detal. Estos centros se constituyen en nódulos que son prácticamente imposibles de vencer o penetrar por parte de aquellas empresas de menor eficiencia y escala de ventas que son, por regla general, las pequeñas y medianas empresas (PYMES)”, explicó Alameda.

Este parece ser el caso de Santurce, donde hay también una farmacia Walgreens en la misma Parada 18, a sólo pasos del nuevo Walmart.

La Farmacia Perales, que opera en la Fernández Juncos desde hace 50 años, ha podido sobrevivir al impacto de Walgreens, pero sus administradores no saben qué sucederá luego de la apertura de Walmart que viene con departamento de farmacia.

Tras el mostrador de recetas de la pequeña farmacia, Milly Candelaria dijo que el propietario se siente “amenazado” y está “preocupado”. “Entendemos que sí (afectará) porque ya de por sí la situación de las farmacias está precaria, han bajado las ventas y ahora entendemos que con la apertura de Walmart se va a poner peor”.

Lucy González, una clienta de la Farmacia Perales desde 2007, dijo que seguirá comprando allí por el trato personal que recibe. “Son el tipo neighborhood pharmacy (farmacia de la comunidad) que te tratan bien, como familia”.

Pero, seguramente Lucy es una clienta particular, pues según el estudio de Alameda Walmart podría capturar en Puerto Rico unos 10.5 millones de clientes anuales para 553,000 por tienda. “Este considerable volumen no es comparable con aquel de las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, en las tiendas de ventas de mercancía general, ropa y accesorios y misceláneos, se estima que los clientes fluctúan entre 2,700 a 4,000 por tienda por año”.

Al momento del estudio, en el 2004, las ventas de Walmart en Puerto Rico estaban en cerca de $1,400 millones, lo que equivale a $1,200 al año por familia, según Alameda.

Al comparar el incremento de los establecimientos de Walmart en la Isla con algunos estados con población similar, Alameda dijo que Puerto Rico queda en segundo lugar después de Connecticut, uno de los estados más ricos; sobrepasando a Oklahoma y Oregón. El aumento de estos establecimientos en la Isla es 15 veces superior que en Estados Unidos.

Walmart opera en Puerto Rico seis tiendas Walmart, 10 Walmart Supercenter, 11 Sam’s Club, 26 supermercados Amigo y tres Súper Ahorros. Tiene alrededor de 14,000 empleados y, según su página web, Walmart es el patrono privado más grande de Puerto Rico. En Estados Unidos es también el empleador más grande del sector privado, con 720,000 empleados. Mientras que a nivel global tiene10,185 tiendas en 27 países y ventas de $444 billones anuales.

Pero globales son también las críticas que enfrenta, especialmente por supuestas prácticas monopolísticas que han tenido efectos negativos en las economías locales, por maltrato laboral, por el uso de subsidio público y por discrimen racial y por razón de género.

En 2011, el Tribunal Supremo de Estados Unidos vio lo que se dice fue la mayor demanda de clase de todos los tiempos, llevada por entre 50,000 a 1. 6 millones de mujeres contra Walmart por supuesta discriminación laboral femenina.

Además, en medio del llamado “Viernes negro” de noviembre de 2012, la organización Unidos por Respeto en Walmart realizó protestas en varias tiendas denunciando las condiciones de trabajo que describieron como humillantes.

En México existe el Frente Nacional contra Walmart, una organización "preocupada por el crecimiento monopólico de Walt-Mart México fuera de las leyes”. Esta organización ve “con temor las consecuencias de desplazamiento socioeconómico para los mexicanos” y logró frenar cinco proyectos Walmart que intentaban violar el uso de suelos.

En Puerto Rico, en el 2003, Walmart enfrentó una controversia judicial por la adquisición de los supermercados Amigo. En ese caso se planteó el tema del monopolio en la transacción. Sin embargo, Departamento de Justicia aprobó la compra venta.

Según Caraballo, serían los pequeños colmados los que más se afectarían con la apertura de Walmart en Santurce.

Sin embargo, esto no le preocupa al octogenario Francisco Vázquez, quien lleva 50 años viajando desde Bayamón para atender su negocio, el Colmado Pérez, de la calle Monserrate en Santurce, una pequeña estructura con la pintura carcomida y la cual hace las veces de ferretería, tienda de chucherías y cafetín de la comunidad. Vázquez, tembloroso y con la voz entrecortada por la edad, dice que él “ya pasó sus años”.

“Aquí ya no hay más na’ qué buscar, esto es un barrio y los barrios no producen… las grandes corporaciones se llevan todo lo que hay”, dijo.

El viejo comerciante, con la sabiduría que le da lo que ha vivido durante tantos años, se aventuró a predecir el infortunio de la megatienda.

“Eso va a ser un fracaso porque está instalado en un área… de cuatro barrios de pobreza. Aquí no hay dinero, aquí lo que hay es pobreza, aquí viven de cupones y de seguro social. ¿Y dónde están (los vecinos) buscando los chavos?, pues robando a todo el que se descuida”, dijo.

Sin embargo, Miguel Meléndez ve el Walmart con otros ojos. Es el gerente de la tienda Roger Electric, ubicada exactamente detrás de la nueva megatienda y, más que un competidor, considera a Walmart un aliado, pues aumentaría el flujo de consumidores en el área lo que lo podría beneficiar.

Así también lo ven desde la gasolinera Puma de la Fernández Juncos, quienes apuestan a que se beneficiarán del aumento en el flujo vehicular.

La opinión mayoritaria del Tribunal Supremo, que determinó que una pareja del mismo sexo no puede adoptar, refleja el desconocimiento que tienen los jueces de la mayoría sobre los conceptos de sexo, género y orientación sexual.

Por lo menos, así lo entiende Efrén Rivera, profesor de derecho y abogado constitucionalista, quien destacó que “los jueces de la mayoría maltratan esa discusión, las opiniones mayoritarias hacen un revolú con eso y demuestran una confusión in extremis de esa discusión teórica”.

Pero, tal vez los jueces de la mayoría en el Tribunal Supremo no sean lo únicos en confundir, o en no querer aceptar otra visión sobre la relación entre sexo y género, pues estos son temas que no se discuten mucho fuera del ámbito académico debido, en parte, a que se da por sentado, por ejemplo, que el órgano reproductivo con el que alguien nace determina el género que esa persona asumirá.

Sin embargo, esa visión, tan influyente todavía en el sistema legal local, se tambalea en el mundo real con la diversidad de identidades que asumen las personas.
Alguien central en la discusión sobre este tema ha sido la filósofa estadounidense Judith Butler, quien debate en torno a cómo el género (hombre/mujer) no es algo natural o algo con lo que se nace, sino que las maneras de ser hombre o mujer se aprenden durante el desarrollo de la persona en una sociedad que tiene unas reglas específicas.

Esto es como decir que el género se construye culturalmente, por esa razón “el género no es el resultado causal del sexo ni tampoco es tan aparentemente rígido como el sexo. El género es una interpretación múltiple del sexo”, argumenta Butler en su libro de 1990 El género en disputa. Butler, quien es profesora en la Universidad de California en Berkeley, añade que “aunque los sexos parezcan ser claramente binarios en su morfología (forma) y constitución, no hay ningún motivo para creer que también los géneros seguirán siendo sólo dos”.

Lo importante de este debate en el caso de la adopción de una menor por dos personas del mismo sexo, es que en la decisión de los jueces de mayoría, según Rivera, “se utilizó el sexo como criterio para decir cuál es el efecto de la adopción”. Y esto se confirma en el hecho de que, cuando se trata de personas de distinto sexo, no se rompe el vínculo con la madre biológica, pero cuando son del mismo sexo se rompe ese lazo que es, precisamente, lo que querían mantener las dos madres con la adopción de la menor.

Por lo tanto, “es discrimen por sexo puro y duro”, argumentó el profesor.

Sobre la opinión de la jueza asociada del Supremo, Mildred Pabón Charneco, de que “en este caso no hay un problema por discrimen por razón de sexo, porque la ley le prohíbe tanto a hombres como a mujeres adoptar niños con parejas del mismo sexo”, recordó  Rivera el caso Loving v. Virginia, de 1967. En ese caso, un hombre blanco y una mujer de ascendencia afroamericana e indígena, se casaron en Virginia. Por haberse casado los condenaron a un año de prisión más los exiliaron del estado por 25 años, pues una ley prohibía el casamiento entre una persona blanca y otra persona no blanca.

En ese momento, la defensa del estado era que en estos casos no había discrimen por razón de raza porque se castigaba igual a negros y a blancos que se casasen entre sí. En ese caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó dicha interpretación del estado de Virginia porque usaba la raza como criterio, lo cual está prohibido por la Constitución de EEUU.

En el caso de aquí, con la adopción negada, sucedió algo similar que en la decisión racista de Virginia, sólo que aquí los jueces de mayoría del Tribunal Supremo, en vez de la raza, usaron el sexo como criterio para emitir su opinión, según el análisis del profesor Rivera.

El asunto fue el tema del conversatorio La adopción por parejas del mismo sexo y los derechos de sus hijas e hijos, celebrado en el Colegio de Abogados esta semana. En la actividad, además del licenciado Rivera, participaron  Nora Vargas Acosta, abogada de las peticionarias en el caso de adopción por parte de una pareja de lesbianas, Judith Berkan, abogada constitucionalista y presidenta de la junta de directores del Centro de Periodismo Investigativo, y la presidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lassen. Además, estuvo presente Carmen Milagros Vélez, una de las afectadas en el caso por adopción.

Durante el conversatorio se argumentó ampliamente cómo el discrimen por sexo en el máximo foro judicial de Puerto Rico no sólo proviene de una confusión o un desconocimiento de los jueces sobre los temas de sexo, género y orientación sexual, sino también por un fuerte sesgo religioso que impera entre sus miembros de mayoría.

En una cita de la opinión del juez y pastor Erick Kolthoff, leída por la licenciada Berkan, el juez, citando a la Biblia y en alusión al caso de adopción por parejas del mismo sexo, dijo que: “En ocasiones hemos cambiado el cause natural de un río para luego sufrir su justa venganza. Hubiera sido mejor detenernos reflexivamente en su ribera y aceptar la sabiduría de la creación”.

El profesor Rivera considera que este era un caso sencillo pero que los jueces decidieron entrar en la cuestión constitucional, o en todo caso, en una lectura originaria y rígida de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

“Este tema lo que plantea, desde el punto de vista constitucional, es que el Estado, cuando va a legislar y va a establecer distinciones entre unas personas y otras, y entre unos grupos y otros, lo tiene que hacer con sumo cuidado. Los tribunales, cuando se encuentran ante una situación como esa, han desarrollado toda una serie de criterios para analizar lo que ha hecho la Legislatura o las decisiones que ha tomado el ejecutivo cuando de alguna manera legislan para distinguir y discriminar entre personas”, explicó Rivera.

Así también, para Berkan “este era un caso muy simpático, realmente fácil de decidir correctamente y no lo hicieron en un momento de crear cambio social”.

Por otro lado, a juicio de Rivera este caso es un asunto de responsabilidad compartida.

“Aquí responsables son el tribunal, el ejecutivo y el legislativo. Esto no es hechura sólo del tribunal con todo y lo que lo podamos criticar”, dijo el abogado, quien añadió que al tribunal hay que exigirle que, a la luz de las presiones habidas y los argumentos que se han esbozado, acojan la moción de reconsideración que se someterá. Recordó que los jueces de mayoría tienen la opción de retirar su oposición en este caso.

Sobre el gobernador Alejandro García Padilla, el licenciado Rivera lo instó a hacer lo mismo que hizo la administración del presidente Barack Obama quien no defiende la constitucionalidad de la Ley de Defensa del Matrimonio. Lo invitó al ejecutivo a que vaya a argumentar a los tribunales, como se espera que hará la administración Obama en el verano cuando el Tribunal Supremo de EEUU tenga ante sí la ley federal que defiende el matrimonio como uno exclusivamente heterosexual.

“Y si no quieren hacer nada de eso, o entienden que no deben hacerlo, pues siéntense inmediatamente, redacten un proyecto de ley y mándelo como proyecto de administración a la Asamblea Legislativa para remediar esta situación a esta familia y muchas otras personas afectadas por esta ley”, dijo Rivera.

El abogado concluyó declarando que “el ejecutivo tiene responsabilidad en esto y yo desde aquí, desde este foro quiero hacer un llamado al ejecutivo para que asuma su responsabilidad”.

En Puerto Rico no es donde único han creado controversia las opiniones de jueces en casos de adopción por parejas del mismo sexo. El mismo día del conversatorio en el Colegio de Abogados, el periódico El País de España publicó que el gobierno de ese país acogió la propuesta del Ministerio de Justicia y denegó el indulto al juez Fernando Ferrín Calamita, a quien el Tribunal Supremo condenó a diez años de inhabilitación en 2009 por retrasar y entorpecer con argumentos homofóbicos el proceso de adopción de una niña por la pareja lesbiana de la madre biológica.

El conversatorio en el Colegio de Abogados atrajo la atención de un número considerable de personas. La sala donde se llevó a cabo estaba llena a capacidad con un público compuesto mayormente por abogados y abogadas, estudiantes y otras personas de la comunidad que, a pesar de la seriedad del tema, no pudieron evitar las carcajadas mientras se discutían las opiniones de los jueces de mayoría.

El mismo día en que el Centro para una Nueva Economía (CNE) presentaba su propuesta para enfrentar, de manera colectiva, la crisis del Sistema de Retiro del País, funcionarios del equipo financiero del Ejecutivo se reunían a puerta cerrada con las casas clasificadoras en Nueva York en busca del aval al plan oficial para resolver el problema del fondo de las pensiones de empleados públicos.

Sin embargo, a juicio de Sergio Marxuach, director de política pública del CNE, la crisis del Sistema de Retiro del gobierno es de tal magnitud que “ningún partido o facción política en Puerto Rico tiene ahora mismo el poder o la autoridad para imponer una solución unilateral a este problema. Y me temo que eso es lo que está tratando de hacer el gobierno y creo que no va a acabar bien si sigue por este camino”.

Para Marxuach, es un error que el gobierno presente a las casas clasificadoras un plan sin consultarlo con los pensionados, a los líderes de las uniones de empleados públicos, y a la Asamblea Legislativa a quien le tocará legislar las medidas. Con Marxuach coincide el presidente de la Asociación de Pensionados de Puerto Rico, Roberto Aquino, quien en entrevista con Noticel catalogó como un proceso “unilateral” la ponderación del paquete de medidas gubernamentales.

Contrario a estas formas de accionar del gobierno, en su Conferencia Económica Anual 2013, el CNE propuso un método de trabajo multisectorial, conocido como “concertación social”. “Es un modelo de gobernanza, es decir, un modelo de gobernar que puede suplementar y en algunos casos hasta sustituir la democracia participativa tradicional que tenemos en Puerto Rico”, explicó Marxuach.

“El objetivo específico es lograr un acuerdo conocido como pacto social. El pacto social es un contrato formal de políticas públicas anunciado públicamente, un proceso público, transparente, abierto, sobre asuntos tales como leyes laborales, reformas de pensiones, niveles de inversión pública y privada, política industrial, impuestos, contribuciones, políticas de bienestar social y otro tipo de política amplia con miras a reducir la exclusión y minimizar la desigualdad. Esta definición excluye expresamente declaraciones o pactos puramente ceremoniales o simbólicos y acuerdos informales o formales negociados en privado entre alguna organización y el gobierno”, abundó Marxuach.

Toda vez que esto nunca se ha puesto en práctica en Puerto Rico, la sugerencia del CNE es que se empiece con un tema importante que esté relativamente delimitado. “La crisis del Sistema de Retiro es un tema lo suficientemente importante para el primer proceso de concertación social en Puerto Rico”, propuso.

Este proceso se llevó a cabo con relativo éxito en países de Europa, Latinoamérica y el Caribe. Marxuach dio como ejemplo que en la década de 1990 España, Italia, Irlanda, Portugal, Finlandia, Holanda y Bélgica llevaron a cabo pactos amplios que cubrieron temas de salarios, impuestos, reforma laboral y red de apoyo social. Entre los ejemplos latinoamericanos se cuentan los pactos para combatir la inflación, como el Pacto de Solidaridad Económica de México en 1987 y el Consejo Nacional Laboral de Colombia convertido en Ley en 1996. Como un acuerdo político de mayor alcance habló de Los Pactos de la Moncloa de 1977, acuerdos que se llevaron a cabo durante la transición a la democracia española luego de la dictadura franquista. En cada uno de estos países el rol del gobierno fue determinante para que cada concertación lograra sus objetivos.

En cuanto a la situación actual de Puerto Rico, el CNE considera que los jugadores que tendrían que sentarse en la mesa de la concertación serían el gobierno, los representantes de los pensionados, los representantes de las uniones de empleados públicos, además de recursos de la sociedad civil como académicos, economistas y recursos de las compañías de seguro que tenga experiencia en estudios actuariales.

“El objetivo sería elaborar un plan para los sistemas de retiro. Ese plan tiene que tener dos condiciones. Tiene que ser viable financieramente, que lo podamos pagar y que a la misma vez cumpla con las obligaciones de pensiones. Y tiene que tener credibilidad política, el apoyo de los partidos políticos y de los grupos sociales que se van a ver afectados”, dijo Marxuach.

El director de política pública del CNE advirtió que, de llegarse a un pacto, este sería un plan a largo plazo que debería durar por lo menos 30 años. Añadió, que con acuerdos unilaterales lo único que pudiera suceder es un backlash (retroceso) social,  “especialmente si las soluciones son todas del lado financiero y nos olvidamos del lado político”.

Las medidas presentadas la semana pasada por el gobierno para resolver la crisis del Sistema de Retiro incluyen:

• Eliminación de pensión de mérito: sólo aquellos participantes elegibles para retirarse con una pensión por mérito en o antes del 30 de junio de 2013 podrán retirarse con la misma.

• Incremento de la edad de retiro: de 58 a 65 para empleados bajo Ley 447, de 65 a 67 para quienes participan de la Ley 1. Para quienes estén empleados bajo la Reforma del 2000, la edad de retiró aumentará de 60 a 70 años.

• Policías y bomberos de 50 años de edad o de cualquier edad con 30 años de servicio, se retirarían al cumplir 58.

• El paquete incluye además, reducción en el bono de Navidad y en la aportación al plan médico, entre otras medidas.

En el informe donde se resumen estas propuestas, titulado Rescatando los Sistemas de Retiro de Puerto Rico, el discurso del Estado es que “las decisiones del pasado han sido las causas principales de la crisis actual. Gran parte del problema que enfrentan los Sistemas se remonta a incrementos en la estructura de beneficios que se han hecho en el pasado, sin identificar los recursos necesarios para sufragar el costo de incrementos”.

Marxuach esbozó las consecuencias de las acciones pasadas: “Puerto Rico no puede cumplir ahora mismo con todas las obligaciones o con todo lo que ha prometido a la ciudadanía, a los bonitas y a los pensionados con los recursos disponibles. Tenemos que reestructurar significativamente nuestra economía o reestructurar las obligaciones, o ambas, para poder cumplir y manejar nuestra economía de una manera sostenible”.

En términos similares se expresó Miguel A. Soto-Class, presiente del CNE, quien sostuvo que “el gobierno es una institución de mucha importancia pero ya no podemos permitir que siga siendo el protagonista de nuestra vida colectiva”.

Adelantó que el CNE está preparado para la creación de un nuevo modelo económico para Puerto Rico que, según dijo, es el proyecto más importante y ambicioso que se han propuesto. “Será una combinación de estudio y acción desde una perspectiva de crecimiento y equidad”.

En la conferencia, donde además se celebró el decimoquinto aniversario del CNE, participó como orador principal José Antonio Ocampo, profesor, ex Ministro de Hacienda en Colombia y director de la Concertación sobre Desarrollo Económico y Político en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York.

Sobre la situación local, Ocampo manifestó que Puerto Rico presenta problemas serios de reestructuración productiva y un problema fiscal coyuntural y estructural. Asimismo, señaló que la deuda del Producto Interno Bruto tenderá a agudizarse debido a la alta tasa de envejecimiento que existe en la Isla. A Ocampo también le llamó la atención el bajo empleo masculino y la alta desigualdad en el País.

Estos problemas posiblemente eran evidentes para quienes estaban presentes en la Conferencia que se llevó a cabo en el hotel Vanderbilt en Condado, pero entre el público surgieron expresiones de desaprobación a las observaciones de Ocampo cuando éste enumeró lo que considera “fortalezas y oportunidades” para Puerto Rico. Entre éstas mencionó el sistema legal y financiero de Estados Unidos y la relación de comercio con aquel País, la cual incluye flujos fiscales y libre movilidad de mano de obra. El profesor también consideró que tanto la infraestructura como el sistema educativo de Puerto Rico son de una “relativa calidad”. No obstante, reconoció las restricciones en materia de instrumentos de política económica, como el hecho de que no exista una política monetaria ni de comercio exterior y márgenes fiscales escasos o inexistentes.

No todo es glamour y vítores en el béisbol. Por lo menos, no en las academias que establecen las equipos de Grande Ligas de Estados Unidos en la República Dominicana. Te traemos una historia sobre la muerte de un prospecto de 16 años que había sido firmado por el equipo Washington Nationals y murió justo el día que saldría de su casa para los campos de entrenamiento. La historia fue originalmente publicada en la página de The Investigative Fund.

Superficialmente parecería la batalla de los letreros. En la ferretería de la esquina ha habido uno por años que lee: “No hay que ser grande para vender barato”. Mientras, en la nueva megatienda Walmart recién inaugurada hay otro enorme, con letras multicolores, que se apropia del área y declara “La Parada Walmart”, marcando el territorio para sí.

Posiblemente Melba Acosta Febo se sienta “con el plato lleno” desde que aceptó la monumental encomienda de administrar las finanzas del País. Aun así, deberá hacer espacio para agregar un nuevo ingrediente a la orden.  Se trata de la coordinación de las políticas que regirán las actividades financieras no sólo de Hacienda, sino también las de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y las del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Nuevamente ProPublica saca a la luz la lista de médicos que reciben pagos, regalos, "misceláneos" de las empresas farmacéuticas. Esta práctica ha sido cuestionada porque algunos piensan que podría comprometer a los doctores con las medicinas producidas por sus auspiciadores.

Busca la lista a ver si aparecen tus médicos. Mira la lista aquí: http://www.propublica.org/

Sin mucha publicidad ni información pública, desde enero de 2010, aeronaves teledirigidas, conocidas como drones, están siendo utilizadas en Puerto Rico principalmente, según las autoridades, en la lucha contra el narcotráfico y en una misión humanitaria relacionada con Haití.

Esto, mientras el Congreso de Estados Unidos le reclama a Casa Blanca información sobre el alcance del uso que se le ha dado a estos aparatos, incluso para asesinar ciudadanos estadounidenses en el extranjero como fue el caso de Anwar al-Awlaki, un clérigo nacido en Estados Unidos, y dirigente de al-Qaeda, que operaba desde Yemen. Este ciudadano estadounidense fue asesinado por un ataque de un drone en Yemen en septiembre de 2011.

El Procurador General de los Estados Unidos, Eric Holder, aseguró que el presidente Barrack Obama carece de autoridad para ordenar el uso de drones para matar a un ciudadano estadounidense en su suelo sin que esté activo en combate contra su patria.

Tanto en Estados Unidos, como en Puerto Rico, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha levantado la voz de alerta sobre el uso doméstico de estos drones denunciando su uso contra ciudadanos estadounidenses.

En el caso de Puerto Rico William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU en la Isla, advirtió, que dado “el historial” de la Policía y del Negociado federal de Investigaciones (FBI), esta tecnología pueda utilizarse para espionaje político. Esa amenaza, dijo, supera el beneficio que pudiera aportar a la lucha contra el narcotráfico y otros delitos.

Fantasmas del Cerro Maravilla y De Diego 444
Como muestras del “historial” de las agencias investigadoras que pudieran aprovechar esta herramienta para persecución política, Ramírez mencionó los asesinatos de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla en 1978 a manos de la Policía y el operativo del FBI en De Diego 444 en el 2006 contra alegados miembros del Ejército Popular Boricua, Los Macheteros.

“En el afán de la lucha contra el narcotráfico en Puerto Rico, igual que estuvimos en contra del 'si' en (el referéndum sobre) la revocación del derecho a la fianza, estamos en contra de cualquier cosa que atente contra las libertades del ciudadano”, expresó Ramírez al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), sobre la utilización de los drones por parte de agencias de ley y orden en la Isla.

Advirtió que, aunque las aeronaves no tripuladas pueden ser útiles para ciertas cosas, constituyen una poderosa arma para violentar el derecho constitucional a la intimidad.

Explicó que estos aparatos tienen el potencial de convertirse en herramientas de espionaje personal a los ciudadanos sin que ellos lo puedan detectar a simple vista, como sería el caso de un agente o patrulla de la policía que lo sigue.

'Mariposas' espías en el hogar
Indicó que estos aparatos voladores de control remoto vienen en tamaños grandes y hasta diminutos -algunos más pequeños que un celular- y están equipados con cámaras, micrófonos y hasta armas mortales. Los hay militares, policiacos y civiles, en forma de avión, helicóptero, quadricóptero y mariposas con cámaras infrarrojas para grabaciones nocturnas.

La ACLU y otras organizaciones han demandado al gobierno de Estados Unidos por utilizar estos aparatos equipados con armas mortíferas en la guerra contra al-Qaeda y matar a los llamados enemigos de la nación -incluyendo a ciudadanos estadounidenses- y miles de otros civiles inocentes.

A azucenas no huelen
Expresó que la mala fama y reputación que se han ganado estos robots en la milicia contribuye al escepticismo por su uso en poblaciones civiles domésticas.

Agregó, que todo este panorama se complica en la Isla porque aquellos que son disidentes pueden ser espiados por simplemente pensar de una forma diferente a la del gobierno de turno, como ocurrió en el pasado según reveló el notorio caso de “las carpetas” confeccionadas por la desaparecida División de Inteligencia de la Policía contra independentistas.

Esta tecnología establece “una nueva frontera” mediante la cual los agentes policiacos podrían obviar la obligación de obtener una orden judicial para registrar, allanar y vigilar la intimidad de una persona que observe una conducta legítima pero piense de una forma diferente al gobierno.

“Es un territorio nuevo”, destacó Ramírez. “Como todo, entran con nuevas tecnologías, facilita el trabajo de la Policía, pero se puede abusar del proceso y darle la vuelta a la Constitución y a los sistemas judiciales”.

Las legislaturas de varios estados han aprobado o consideran proyectos de ley para que sea necesaria una orden judicial con una declaración jurada de causa probable antes de utilizar estos aparatos para vigilar a sus ciudadanos.

El Senado y la Cámara de Representantes estadounidenses evalúan medidas similares. Una de estas es el de la Ley de Preservación de la Privacidad de los Americanos (Preserving American Privacy Act).

Ramírez opinó que así debe ser en Puerto Rico, aunque “no tengo tanta fe de que eso sea así” a pesar que se aprobaran medidas similares aquí.

Afirmó desconocer de primera o segunda mano que se estén usando en la Isla para espiar, pero enfatizó que la ACLU se mantiene atenta a querellas ciudadanas sobre la invasión a su intimidad.

Niegan pero no desmienten el ojo celestial
Michelle Franco, portavoz de la Policía, aseguró que esa agencia no utiliza dicha tecnología para sus investigaciones.

El CPI le insistió a la funcionaria en que algunos de los documentos examinados para este reportaje mencionaban que el grupo interagencial federal considera flexibilizar sus normas para que sus integrantes, incluyendo la Policía y específicamente las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), utilicen las aeronaves teledirigidas. Este task force, de los cuales algunos han admitido que utilizan esta tecnología, se atribuye logros contra el contrabando, narcotráfico y el trasiego de indocumentados desde por lo menos el año pasado. Franco quedó en cotejar si “la nueva FURA” la usa o la usará en el futuro y responder posteriormente, pero nunca lo hizo.

Mientras, Maritza Conde, portavoz del FBI, contestó que no puede “confirmar ni negar que la usamos”, refiriéndose a la tecnología de aeronaves por control remoto como técnicas de investigación.

Aunque rechazó que el FBI opere bajo la sombrilla del Department of Homeland Security, (DHS), aclaró que operan bajo la sombrilla del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Precisamente, el pasado 28 de febrero, el portal cibernético de la ACLU, divulgó en un blog en el que el Servicio de Alguaciles de  Estados Unidos admitió que utiliza estos aparatos desde 2006. Tras una  petición de la ACLU bajo la Ley de Acceso Libre a la Información (FOIA), el Servicio de Alguaciles sólo le entregó dos páginas ampliamente censuradas de las 30 contenidas en un documento del Grupo de operaciones técnicas y su Programa de vehículos aéreos no tripulados portables por hombres.

Los alguaciles federales operan, al igual que el FBI, bajo la sombrilla del Departamento de Justicia, lo que permite que comúnmente ambas agencias federales compartan fácilmente sus recursos tecnológicos.

Un artículo publicado en Los Angeles Times menciona que, tras 18 meses de pruebas silenciosas de estos aparatos en las Bahamas, el DHS se disponía integrarlos en su lucha contra el narcotráfico en el Caribe y el Golfo de México y expandir dramáticamente este tipo de vigilancia. Menciona que la Agencia federal de Aviación (FAA) aprobó el año pasado una ruta de vuelo de sobre 1,000 millas en el Pasaje de la Mona para este tipo de aeronave de control remoto.

El comisionado residente Pedro Pierluisi no estuvo disponible para contestar qué, si algo sabe, sobre el uso de los drones en Puerto Rico.

El FBI y otras agencias lo pueden compartir entre sí
Ramírez destacó, que si una agencia federal lo tiene a su disposición en la Isla, y otra entidad gubernamental estadounidense lo solicita, lo compartirían bajo la sombrilla que permite el DHS o el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según un 'blog' de Jay Stanley, analista senior de política pública del Proyecto de Expresión, Privacidad y Tecnología de la ACLU, publicado en febrero pasado, ya hay cámaras operando las 24 horas los siete días de la semana en espacios públicos, pero la tecnología de los drones puede acercar sus grabaciones a cada calle, lote vacío, patio y campo de las ciudades.

Stanley considera que esta tecnología tiene la capacidad de amenazar la privacidad de los ciudadanos por control remoto y rastrear la ubicación de peatones y vehículos durante sus viajes diarios.

Un intruso en su casa o en su carro
Aunque esta tecnología no reconozca los rostros o números de tablillas de los vehículos de motor, el video promocional de un fabricante alega que sus aeronaves teledirigidas pueden grabar desde el aire sin ser detectadas y acumular las imágenes de individuos y automóviles particulares entre su punto de origen y destino en las mañanas, viceversa en la tarde y todas sus escalas entremedio en ambas direcciones.

Un segmento del programa NOVA de la cadena PBS, muestra cómo una cámara de 1.8 millones de megapíxeles identifica a los vehículos y peatones desde gran altura con cuadros de colores según se desplazan por partes de una ciudad.

Stanley arguyó que si estas imágenes se parean con los códigos postales de la ciudad en la que se tomaron, que son muy parecidos a los de tractos del Censo, se podría identificar específicamente al 5% de la población. Agregó que si se selecciona un grupo de 21 o menos de estas personas en movimiento, la tasa de identificación de individuos aumenta a un 50%.

Lo que es peor, si se identifica el bloque a nivel del Censo, y se conoce el lugar de residencia y de trabajo del individuo, esta tecnología ayudaría a identificar virtualmente a toda la población y al añadir las escalas diarias que hacen entre ambos puntos, de vivienda y laboral, durante varios días, se conocerían sus preferencias políticas, religiosas y hasta sexuales.

Ramírez reaccionó a esto planteando que es una amenaza a la libertad de movimiento y de asociación, ambas protegidas por las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos.

Más aún, Ramírez aseguró que el Estado estaría grabando una población cuya mayoría no es criminal y cuyos ciudadanos “estarían sujetos a ser grabados y perseguidos aunque el 99% de ellos sean inocentes de delito alguno”.

Hace años vuelan en Puerto Rico
Según una fotografía publicada por la Fuerza Aérea estadounidense el 21 de enero de 2010, un sargento de la división técnica de dicha rama de Defensa operó junto a un mayor que fungió como piloto un avión de control remoto Predator desde la Base Aérea Creech en Nevada. El Predator había despegado del Aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla en una misión humanitaria relacionada con Haití.

Durante los pasados cuatro años, Puerto Rico ha recibido asignaciones multimillonarias de agencias federales para combatir el terrorismo y fortalecer la lucha contra el contrabando de drogas, indocumentados y dinero del narcotráfico.

Los portales cibernéticos de las agencias federales que asignaron los fondos mencionan que su intención es promover que los gobiernos, a nivel de condado, usen los fondos para apoyar una petición al Gobernador para activar unidades o equipos interagenciales especializados de la Guardia Nacional y de ley y orden para aumentar las actividades operacionales equipados con tecnologías de avanzada.

De acuerdo con una hoja informativa (Fact Sheet) publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos titulada Combatiendo el Crimen en Puerto Rico, en septiembre de 2012 el DHS implementó la Operación Escudo Caribeño (Operation Caribbean Guard u OCG) para interceptar armas ilegales, drogas ilegales y dinero fluyendo hacia y desde la Isla.

El documento indica que existen seis esfuerzos separados para apoyar a OCG y que se concentran en la inspección de carga, correspondencia, embarcaciones y personas viajando hacia y desde Puerto Rico.

Por la libre los millones en asignaciones a la Isla
La hoja informativa menciona que la Patrulla de fronteras (US Customs and Border Patrol) está revisando operaciones de vuelo, incluyendo el despliegue (deployment) de sistemas de aeronaves no tripuladas de estaciones en (el estado de la) Florida a la región de Puerto Rico para determinar el uso más efectivo de horas de vuelo para apoyar los esfuerzos de la OCG.

Todo apunta a que las agencias federales buscan que los fondos asignados bajo la sombrilla del DHS y de otras dependencias federales para agencias de ley y orden y militares cuenten con una flexibilidad que sirva para apoyar los esfuerzos de la Policía de Puerto Rico y, ante la incapacidad de ésta para resolverlos, por las agencias federales.

El “DHS está trabajando con el Departamento de Justicia (de los Estados Unidos) y otros socios federales y locales de la Isla para establecer una estrategia de 'Rescatemos Nuestros Vecindarios (Take Back our Neighborhood) para los residenciales públicos de alta incidencia criminal en la región mediante… la evaluación de la capacidad de Puerto Rico para expandir el uso/flexibilidad de las asignaciones de OPSG y otras del DHS”, añade la hoja informativa.

Por su parte, el portal cibernético de la Federación de Científicos Americanos divulgó el verano pasado que el Departamento de Defensa tiene a Puerto Rico entre una de sus 110 bases identificadas para operar sus aeronaves teledirigidas.

El informe del Pentágono al Congreso sobre el Adiestramiento, Operaciones y Viabilidad del Futuro del Sistema de Aeronaves No Tripuladas menciona específicamente el despliegue de aeronaves RQ-11B, también conocidas como Raven, para despegar desde las instalaciones de la Reserva Aérea de la Guardia Nacional en Salinas entre el año fiscal en curso y el año fiscal 2017-18.

Oprima aquí para ver el programa completo de NOVA de la cadena de televisión PBS, titulado Rise of the Drones, donde se presenta el ARGUS y, una vez el cursor se convierta en una mano, oprima nuevamente sobre la imagen del 'drone'.

Julián Cruz Berrios está encarcelado hace once años por un crimen que alega que no cometió. El fiscal en su caso fue Francisco Sánchez Rodríguez, a quien el reo y sus abogados de defensa le imputan haber manejado mal su caso. Hoy el ex representante del Ministerio Público fue suspendido de su cargo, según reveló el Departamento de Justicia. Quizás Cruz Berrios ha sonreído con alguna esperanza de que se revise su convicción  y condena como ha solicitado al Tribunal Supremo.

La opinión mayoritaria del Tribunal Supremo, que determinó que una pareja del mismo sexo no puede adoptar, refleja el desconocimiento que tienen los jueces de la mayoría sobre los conceptos de sexo, género y orientación sexual.

El mismo día en que el Centro para una Nueva Economía (CNE) presentaba su propuesta para enfrentar, de manera colectiva, la crisis del Sistema de Retiro del País, funcionarios del equipo financiero del Ejecutivo se reunían a puerta cerrada con las casas clasificadoras en Nueva York en busca del aval al plan oficial para resolver el problema del fondo de las pensiones de empleados públicos.

No todo es glamour y vítores en el béisbol. Por lo menos, no en las academias que establecen las equipos de Grande Ligas de Estados Unidos en la República Dominicana. Te traemos una historia sobre la muerte de un prospecto de 16 años que había sido firmado por el equipo Washington Nationals y murió justo el día que saldría de su casa para los campos de entrenamiento. La historia fue originalmente publicada en la página de The Investigative Fund.